El empresario Zamir Villaverde acudió este miércoles a la Fiscalía de la Nación para presentar una denuncia, en la que acusa a la presidenta Dina Boluarte y al ex primer ministro Alberto Otárola de liderar una presunta organización criminal. Según Villaverde, esta red incluiría a varios congresistas y figuras clave del ámbito político y judicial del país.
En exclusiva para Atenas TV, el empresario Zamir Villaverde brindó detalles sobre el motivo de su visita al Ministerio Público. "Hemos venido a hacer una denuncia a la Fiscalía de la Nación por una presunta organización criminal, aparentemente liderada por el ex premier Alberto Otárola, y que estaría involucrando a la presidenta Dina Boluarte, algunos congresistas, la ex coordinadora del Eficcop, Marita Barreto, entre otras personas", comentó el empresario.
Villaverde aseguró que cuenta con pruebas sólidas que respaldan sus acusaciones. "Son pruebas, audios, videos, y boucher de banco de pagos", afirmó, y añadió que los documentos presentados permitirían corroborar la veracidad de los hechos denunciados.
En su declaración, Villaverde hizo un llamado a la fiscalía y al Congreso de la República para que no cedan ante presiones y continúen con la investigación. “Insto a la fiscal de la Nación a que dé trámite a esta denuncia, y al Congreso de la República a que se mantenga vigilante y sigiloso en este proceso. No se dejen amedrentar por las personas que están siendo investigadas”, subrayó el empresario.
Durante la entrevista, Villaverde también hizo referencia a la controversia sobre la llegada de Dina Boluarte al poder, sugiriendo que no fue un proceso legítimo. "El país debe saber cómo Dina Boluarte aparentemente llegó al poder y quién está detrás de todo esto. No es Dina Boluarte quien está llevando este país, hay un poder tras la sombra", expresó, apuntando a la existencia de una manipulación ilegal detrás de su ascenso a la presidencia.
Las acusaciones presentadas por Villaverde podrían tener graves repercusiones en el gobierno de Dina Boluarte. Si se confirma la veracidad de las pruebas, las implicaciones podrían ser profundas, no solo para la presidenta y Otárola, sino para otros altos funcionarios del gobierno.
Hasta el momento, los detalles completos de la denuncia no han sido divulgados por la Fiscalía de la Nación, pero la Fiscalía y el Congreso tendrán la responsabilidad de garantizar transparencia y justicia ante estos graves señalamientos.
