Durante la inauguración de un colegio en Piura, la presidenta Dina Boluarte aseguró que su gobierno no permitirá la presencia de violadores, acosadores ni terroristas en las escuelas. La mandataria informó que más de 680 docentes y trabajadores del sector educativo con antecedentes penales han sido separados de sus cargos, reafirmando el compromiso del Ejecutivo con la protección de los estudiantes.
Boluarte subrayó que la educación debe estar libre de ideologías que afecten el desarrollo académico y pidió al Poder Judicial reforzar las acciones para impedir que personas con antecedentes pongan en riesgo la integridad de los menores.
Sin embargo, la controversia en torno a la gestión gubernamental se intensificó tras las declaraciones del ministro de Educación, Morgan Quero, y de la ministra de la Mujer, Ángela Hernández, quienes calificaron los abusos denunciados en comunidades indígenas como parte de "prácticas culturales". Estas afirmaciones fueron duramente criticadas por organizaciones y sectores políticos, que las señalaron como una minimización de la violencia y una estigmatización de los pueblos originarios.
El tema ha reabierto el debate sobre la atención estatal a las comunidades indígenas y la urgencia de acciones concretas para erradicar la violencia en el ámbito educativo.
