Nueve trabajadores del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como ‘Maranguita’, fueron detenidos de manera preliminar tras la fuga de 6 internos ocurrida durante la madrugada. La medida fue dispuesta por el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, en el marco del periodo de presunta flagrancia delictiva, y comprende a 5 educadores y 4 agentes del personal de seguridad del centro.
Los detenidos fueron trasladados a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Depincri) de San Miguel, donde permanecerán bajo custodia por 48 horas mientras se desarrollan las diligencias correspondientes. De acuerdo con Francisco Naquira, director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), todos los trabajadores que se encontraban de turno permanecen retenidos dentro del centro como parte de las investigaciones, ante la sospecha de una posible complicidad en la fuga.
Naquira indicó que se habrían vulnerado varios controles de seguridad, lo que refuerza la hipótesis de una acción concertada. "No es usual que seis ciudadanos, a la misma hora, se junten y se provean para llevar a cabo una fuga. Creemos que ha habido más que una inacción: una complicidad", señaló.
Los cuatro agentes de seguridad detenidos eran responsables del monitoreo de las cámaras de videovigilancia del centro, mientras que los educadores cumplían funciones en el patio del recinto. Todos deberán rendir su testimonio ante las autoridades competentes.
Sin embargo, la defensa legal de algunos de los detenidos ha cuestionado la legalidad del procedimiento. El abogado Juan Carlos Guerra Arévalo, representante de cuatro educadores y dos agentes de seguridad, afirmó que la detención fue arbitraria y que no existen elementos probatorios que vinculen a sus patrocinados con la fuga. “No hay pruebas fehacientes que los responsabilicen. El director del Pronacej ha emitido declaraciones sin fundamentos que podrían estar motivadas por la presión del momento”, declaró.
Frente a estos hechos, el Programa Nacional de Centros Juveniles, entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, anunció la reorganización total del sistema, con el objetivo de fortalecer la seguridad y el proceso de reinserción de los adolescentes. A través de un comunicado difundido en redes sociales, la institución calificó la fuga como un hecho sin precedentes y comunicó el inicio de una investigación interna para determinar si existió negligencia o participación deliberada de funcionarios.
Asimismo, Pronacej informó que se iniciarán procedimientos disciplinarios contra los implicados, bajo el principio de tolerancia cero ante cualquier acto que atente contra la resocialización de los internos.
