El Tribunal Constitucional (TC) del Perú aprobó por mayoría el hábeas corpus presentado por la defensa de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, en el conocido caso ‘Cócteles’. Con esta resolución, el máximo órgano constitucional dispuso archivar de manera definitiva el proceso judicial que se seguía por presunto lavado de activos en la financiación de las campañas políticas de 2011 y 2016.
¿Qué decidió el Tribunal Constitucional sobre el caso 'Cócteles'?
La defensa de Fujimori, encabezada por la abogada Giulliana Loza, argumentó que los hechos imputados no constituían delito al momento de ocurrir y que la tipificación del lavado de activos se definió legalmente tiempo después. Cinco de los siete magistrados del TC participaron en la votación, que concluyó con mayoría a favor del recurso.
El fallo anula el juicio que estaba en curso y todas las actuaciones previas, sin necesidad de una audiencia adicional. La decisión también se basa en la determinación previa del Tribunal Constitucional de que José Chlimper Ackerman, uno de los coacusados, fue objeto de una “acusación sorpresiva” formulada por el fiscal José Domingo Pérez, lo que habría vulnerado su derecho a la defensa.
¿Qué implicancias tiene el fallo del TC?
Con este dictamen, el TC deja sin efecto las acusaciones que enfrentaba Keiko Fujimori por presuntos delitos de organización criminal, falsedad genérica, lavado de activos, falsa declaración en procedimiento administrativo y obstrucción a la justicia. El fiscal José Domingo Pérez había solicitado 30 años y 10 meses de prisión, además de multa e inhabilitación por más de 15 años.
La decisión también genera impacto en otros procesos judiciales en curso vinculados al financiamiento de campañas políticas, como los casos de Ollanta Humala, Susana Villarán y Vladimir Cerrón. El Ministerio Público había advertido que una eventual nulidad del proceso de Fujimori podría influir en causas similares, al sentar un precedente sobre la aplicación del tipo penal de lavado de activos en contextos electorales.
El caso ‘Cócteles’ se originó por los presuntos aportes ilícitos que Fuerza Popular habría recibido de la empresa Odebrecht y otros empresarios para financiar las campañas de Fujimori. Durante más de siete años, la investigación liderada por el equipo especial Lava Jato recopiló testimonios y evidencias que derivaron en la acusación formal y el inicio del juicio oral.
Con el fallo del Tribunal Constitucional, el caso ‘Cócteles’ queda definitivamente archivado y se anulan todas las actuaciones judiciales previas. La decisión marca el cierre de uno de los procesos más emblemáticos del sistema anticorrupción en el Perú y abre un nuevo escenario jurídico respecto al tratamiento de los casos de financiamiento político.
