Un cruce de datos entre los padrones del REINFO y los informes de financiamiento electoral mostró que mineros formalizados aportaron más de S/ 190.000 a campañas políticas en 2021. En total, 28 postulantes de 13 partidos políticos figuran como beneficiarios de estos fondos.
Entre los partidos más favorecidos destaca el Partido Morado con S/ 71.475, seguido por Victoria Nacional (S/ 39.020) y Unión por el Perú (S/ 18.190). Otros partidos que recibieron recursos incluyen: Acción Popular, Avanza País, APP, Podemos Perú, Renovación Popular, Somos Perú y Democracia Directa.
De los 28 candidatos financiados por mineros del REINFO, cuatro lograron escaño. Entre ellos destacan: Lady Camones Soriano (APP), quien declaró haber recibido S/ 1.000 de un minero. Su candidatura fue anulada, aunque la ley permite su re inscripción.
Heidy Juárez Calle (elegida inicialmente por APP, hoy en Podemos Perú) recibió S/ 1.000, y el donante, un minero con proyectos suspendidos, fue contratado luego como asesor en el Congreso. Ariana Orué Medina (Podemos Perú), suplente, reportó un aporte de S/ 500. María Taipe Coronado (Perú Libre) recibió S/ 9.500 en total de dos mineros, uno de ellos familiar directo, lo que resalta posibles conflictos de interés.
Riesgos para la transparencia y conflicto de intereses
La investigación revela un entramado que coloca al financiamiento minero bajo la lupa: no solo como fuente de campaña, sino como vía de influencia política. Las congresistas beneficiadas votaron a favor de leyes que prolongaron la vigencia del REINFO (como la Ley 32213, 2024, y proyectos posteriores para extenderlo hasta 2026) lo que sugiere un posible vínculo entre los aportes recibidos y la defensa de los intereses del sector minero.
Además, los montos reportados corresponden solamente a lo declarado ante la ONPE; no se descarta que existan aportes no registrados, lo que podría incrementar la magnitud real de fondos vinculados a mineros.
Este panorama plantea interrogantes serios sobre la transparencia en la financiación de campañas, la posibilidad de conflictos de interés y la representatividad de quienes resultan electos después de recibir recursos de sectores vinculados a la minería formal o informal.
