El Poder Ejecutivo declaró en situación de emergencia la infraestructura educativa pública de todo el país, mediante el Decreto Supremo N.° 013-2026-MINEDU, publicado este jueves 27 de agosto en el diario oficial El Peruano.
La medida tiene como principal objetivo atender de manera acelerada las brechas que afectan a los locales escolares y mejorar las condiciones en las que estudian millones de estudiantes a nivel nacional. La declaratoria responde a la significativa brecha de infraestructura educativa identificada en distintas regiones del país.
Ejecutivo busca reducir brechas en colegios públicos
Entre las acciones contempladas se encuentra la ampliación y construcción de nuevos espacios educativos, de acuerdo con las necesidades identificadas en cada zona. Con ello, el Gobierno busca avanzar en la reducción del déficit de infraestructura que afecta a numerosos colegios públicos y garantizar ambientes adecuados para el desarrollo de las actividades escolares.
Asimismo, la medida plantea fortalecer el mantenimiento de los locales educativos y garantizar la sostenibilidad de las inversiones realizadas. Para ello, se busca contar con información más precisa y actualizada sobre el estado de la infraestructura educativa pública.
El Ejecutivo también apunta a mejorar la planificación y gestión de los proyectos de infraestructura, con el propósito de elevar la eficiencia y eficacia de las intervenciones. De esta manera, las inversiones deberán responder de forma más adecuada a las necesidades del sistema educativo y de las comunidades escolares.
Minedu deberá implementar reforma de infraestructura
Como parte de la declaratoria de emergencia, el Ministerio de Educación (Minedu) tendrá la responsabilidad de elaborar las normas necesarias para poner en marcha una reforma de la gestión de la infraestructura educativa.
El objetivo es establecer mecanismos que permitan ordenar y mejorar las funciones relacionadas con la planificación, ejecución, mantenimiento y seguimiento de los proyectos de infraestructura escolar.
Para cumplir con estas tareas, el sector Educación contará con un plazo máximo de 30 días hábiles, contados desde la publicación del decreto supremo. Durante este periodo deberá desarrollar las disposiciones necesarias para iniciar el proceso de reforma.
La implementación de la declaratoria de emergencia será financiada con cargo al presupuesto institucional del Minedu, por lo que no requerirá recursos adicionales del Tesoro Público.
La disposición establece así un marco para acelerar las intervenciones en los colegios públicos y mejorar la gestión de los recursos destinados a infraestructura educativa. La intención es que las futuras inversiones permitan atender de manera más eficiente las necesidades existentes y evitar que las deficiencias de mantenimiento continúen afectando a las comunidades educativas.
