Imágenes obtenidas por Atenas Televisión muestran a Gerardo Leonidas Castro Rojas, asesor congresal de la parlamentaria Rosselli Amuruz, ingresando a la corte superior de justicia de Cañete el día 29 de enero del 2024 en horas de la mañana junto a Víctor Candioti Huapaya investigado por presuntos delitos de usurpación de terreno y falsificación de documentos. Ambos, aparentemente, habrían sostenido una reunión con el presidente de la Sala Civil, Manuel Roberto Paredes Dávila, y los vocales Raúl Jimmy Delgado Nieto y Jacinto Cama Quispe.
Pero, ¿quién es Gerardo Castro Rojas? No es un personaje cualquiera. Fue viceministro de Justicia y tiene antecedentes penales. En 2012, fue condenado a cinco años de prisión efectiva por el delito de cohecho activo genérico.
Un reportero local abordo a Gerardo Castro Rojas mientras compartía un desayuno con Víctor Candioti, a escasos metros del Poder Judicial.
Cuando se le preguntó el motivo de su presencia en el recinto, Castro Rojas respondió que solo visitaban a "amigos" del Partido Aprista y que aprovecharon para desayunar juntos.
Al pedírsele que mencionara a esos amigos, solo mencionó a "Víctor Raúl Candioti". Cuando se le preguntó si había realizado alguna diligencia judicial, guardó silencio. Y al ser consultado sobre su trabajo en el Congreso, indicó que estaba en licencia.
Sin embargo, los registros oficiales del mismo 29 de enero se revelan que Castro Rojas también estuvo en la Fiscalía de Cañete, desde las 10:14 a. m. hasta la 1:06 p. m. Tres horas en una fiscalía. ¿Qué hacía allí un asesor congresal?
En este contexto, surge una pregunta inevitable: ¿Por qué un asesor congresal se reuniría con un presidente de corte en medio de un proceso judicial que involucra a su acompañante?
El 22 de octubre de 2024, la empresa Sumac Wasi S.A.C. denunció a Víctor Candioti por falsificación de documentos, falsedad ideológica y defraudación, en perjuicio de la empresa, la Procuraduría de la Sunarp y la Ing. Carola Amanda Gómez Quispe, cuya firma habría sido falsificada.
Según la denuncia, en 2010, Candioti y otros suscribieron una minuta de compraventa falsa para un terreno de 164,530.24 m² en Cerro Azul, con una supuesta legalización fraudulenta del notario Pedro Noriega Altamirano, pese a que Sumac Wasi S.A.C. ya lo había comprado en 2008.
En 2022, el notario Hugo Salas Zuñiga emitió una escritura de regularización y ratificación, permitiendo su inscripción en SUNARP, usando presuntamente firmas falsificadas en documentos oficiales.
Víctor Candioti también busca la prescripción adquisitiva de un terreno de 10 hectáreas en Cerro Azul (expediente N° 00311-2021-0-0801-JR-CI-02), alegando más de 30 años de posesión, lo que Sumac Wasi S.A.C. rechaza por presuntas irregularidades.
La Fiscalía Superior de Cañete (dictamen N° 60-2024) concluyó que Candioti no probó posesión efectiva, pero el Segundo Juzgado Civil de Cañete falló a su favor, y la Sala Civil ratificó la decisión. Sumac Wasi S.A.C. interpuso un recurso de casación, declarado improcedente, y luego un recurso de queja ante la Corte Suprema, lo que llevó al juez Elmer Velásquez Carbajal a suspender la ejecución de la sentencia. Candioti apeló, pero su recurso fue rechazado.
Un asesor congresal, un investigado por usurpación, jueces que avalan fallos cuestionados y encuentros que despiertan más dudas que certezas. Es ahí donde surge una pregunta inevitable: ¿Estamos ante una simple coincidencia o frente ante un presunto tráfico de influencias? La justicia tendrá la última palabra.
