El Parlamento ratificó la prórroga durante una sesión de la Comisión Permanente, con 13 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. La medida modifica el Decreto Legislativo 1293, que declara de interés nacional la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal. La vigencia del Reinfo se mantiene hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que entre en vigor la futura Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento, lo que ocurra primero.
La aprobación de la ampliación se dio con el respaldo implícito del Poder Ejecutivo. Durante el debate, decenas de mineros permanecieron frente al Palacio Legislativo en espera de confirmación de una extensión que les posibilite operar sin sanciones al menos por un año más. A pesar de la presión, el texto final no permitió el reingreso de los 50 000 mineros excluidos del Reinfo en julio anterior.
Reacciones y contexto de formalización
El presidente de la República, José Jerí, se había manifestado a favor de una extensión acotada de solo un año, y rechazó que se habilite el retorno masivo de mineros retirados del registro. Además, el Ejecutivo condicionó su respaldo a que la ampliación no implique un “blanqueo” de la informalidad minera en el país.
Expertos del sector han señalado que la extensión del plazo no resuelve los problemas estructurales de la formalización minera. Por ejemplo, algunos atribuyen la baja tasa de formalización a la ausencia de acuerdos de explotación entre mineros y titulares de concesiones, así como a la falta de revisión de instrumentos de gestión ambiental por parte del Ministerio de Energía y Minas. Asimismo, se ha señalado que el Reinfo podría operar como una “zona de impunidad”, ya que algunos inscritos pueden eludir investigaciones o sanciones por contaminación ambiental.
El dictamen deberá ser promulgado por el Ejecutivo para que entre en vigor. Con esta decisión, el proceso de formalización de la pequeña minería y la minería artesanal continúa vigente mientras se espera el desarrollo y la aprobación definitiva de la Ley MAPE.
