El Gobierno declaró el estado de emergencia en distritos de 22 regiones del país y la provincia constitucional del Callao, ante el peligro inminente generado por las intensas precipitaciones previstas para el periodo 2026-2027 y su posible relación con el desarrollo del Fenómeno El Niño.
La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 124-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, y tendrá una vigencia de 60 días calendario. Durante este periodo, las autoridades deberán ejecutar acciones inmediatas destinadas a reducir el riesgo y preparar a las zonas potencialmente afectadas.
La declaratoria comprende localidades de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, además del Callao.
Alerta por precipitaciones extremas
La decisión del Ejecutivo se sustenta en los informes técnicos elaborados por instituciones especializadas como el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el Senamhi, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) y la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño.
Los reportes advierten sobre una alta probabilidad de precipitaciones extremas, asociadas a la continuidad de El Niño Costero y al desarrollo de condiciones de El Niño en el Pacífico ecuatorial central.
El escenario genera preocupación debido a que las lluvias intensas pueden provocar inundaciones, huaicos, deslizamientos y daños en viviendas, carreteras y servicios básicos, especialmente en las zonas consideradas de mayor vulnerabilidad.
Autoridades deberán ejecutar acciones preventivas
Durante los 60 días de emergencia, los gobiernos regionales y locales deberán trabajar de manera coordinada con Indeci y diversos ministerios, entre ellos Defensa, Salud, Educación, Vivienda y Transportes, con el objetivo de reducir los posibles impactos.
La norma establece que las intervenciones deberán estar directamente relacionadas con la amenaza climática y serán financiadas con los presupuestos institucionales de las entidades responsables, sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público.
La declaratoria de emergencia busca que las autoridades no esperen a que las lluvias provoquen daños para actuar. Con un escenario climático que podría intensificarse durante el periodo 2026-2027, los próximos 60 días serán determinantes para reforzar infraestructura, prevenir desastres y proteger a las poblaciones ubicadas en las zonas de mayor riesgo.
