El Gobierno peruano oficializó la creación de un Grupo de Trabajo Multisectorial con el encargo de elaborar el anteproyecto de la Ley de Soberanía Nacional, una norma que, según lo anunciado por la presidenta Dina Boluarte, busca otorgar un marco jurídico que permita defender la soberanía del país frente a posibles interferencias externas.
La resolución fue publicada en el diario oficial El Peruano y establece que el grupo dependerá del Ministerio de Defensa, contará con representantes del Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas, y tendrá 60 días hábiles para presentar un informe final con la propuesta legislativa. Sus integrantes ejercerán funciones ad honórem y podrán solicitar apoyo técnico externo.
Proyecto limita a la Corte IDH
El objetivo central del proyecto sería sentar las bases normativas para limitar la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y dar prioridad al ordenamiento jurídico nacional. El anuncio fue hecho públicamente por Boluarte en una ceremonia junto a las Fuerzas Armadas, donde calificó la propuesta como un “acto de defensa de la soberanía nacional”.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y especialistas han alertado que se trataría de un intento de blindaje a policías y militares implicados en violaciones de derechos humanos, especialmente en el contexto de las protestas reprimidas por el actual gobierno.
Choque con sistema interamericano
La iniciativa llega en un momento de fuerte tensión entre el Estado peruano y la Corte IDH. Esta última ordenó recientemente al país no promulgar la ley de amnistía, al considerar que contradice fallos firmes en los casos Barrios Altos y La Cantuta, que prohíben perdonar crímenes de lesa humanidad. A pesar de ello, el Gobierno promulgó la norma, exponiéndose a un posible desacato internacional.
En abril, la Corte también exigió al Perú garantizar el trabajo de las organizaciones civiles, tras la aprobación de la controvertida ley APCI, que restringe la labor de ONG que fiscalizan al poder. En ambos casos, el Ejecutivo ha optado por desconocer las decisiones internacionales, lo que ha sido interpretado por expertos como un giro hacia el aislamiento jurídico del país.
