El viernes 7 de noviembre, el Gobierno de Dinamarca presentó un acuerdo en el que se dictamina que menores de 15 años tienen completamente prohibido las redes sociales, un acuerdo político impulsado por el Ministerio de Digitalización.
Esta medida se encuentra siendo apoyada por el Parlamento, con el objetivo de cuidar la salud mental de los menores y aliviar las preocupaciones de los padres por tendencias negativas y desempeño académico, muy aparte del riesgo que niños y niñas corren día al día con los ciberacosos.
Hasta la fecha, por un gobierno de la Unión Europea, se supondría una de las acciones más radicales que busca limitar la exposición temprana de los niños a los entornos digitales y reducir los riesgos asociados al consumo de contenido inapropiado, la adicción a las pantallas y la presión social en línea.
Restricción de las redes sociales
El proyecto se dirige a las redes sociales que permiten la creación de perfiles de usuarios públicos y que se asocien con diseños adictivos con contenido ilegal o dañino. Según el Gobierno, las plataformas más usadas son Snapchat, YouTube, Instagram y Tiktok, aunque no se precisó cuales serían restringidas.
"Creo que en muchos sentidos aceptamos los teléfonos móviles en la vida de nuestros hijos con buenas intenciones, para que puedan llamar a casa y porque era la nueva tecnología, pero hemos desatado un monstruo." declaro Mette Frederiksen, la primera ministra de Dinamarca en el Parlamento.
Nuevos controles y sanciones
El gobierno danés plantea establecer mecanismos más estrictos de verificación de edad mediante su sistema nacional de identificación electrónica y una nueva aplicación estatal que controlará los registros digitales. También se prevén sanciones para las plataformas que no cumplan con las normas de verificación establecidas, en el marco de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea.
Con esto, Dinamarca busca convertirse en el primer país europeo en aplicar una regulación de este tipo. La medida ha sido calificada como pionera en la región, aunque plantea varios desafíos técnicos y legales, especialmente en lo relacionado con la protección de datos personales y la cooperación de las empresas tecnológicas internacionales.
