El precandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, expuso este jueves sus propuestas de gobierno durante el bloque preelectoral del CADE Ejecutivos 2025, evento que se desarrolla desde el martes y concluye esta tarde.
En su intervención, el exalcalde de Lima propuso el retorno al Congreso unicameral y defendió una reforma estructural del Estado basada en la meritocracia y el fortalecimiento de la seguridad nacional.
En el tema previsional, planteó que cada trabajador “sea libre de retirar su dinero ahorrado y abrir cuentas previsionales en bancos o entidades financieras que no cobren comisión”. En otro momento, al ser consultado por la concesión de Rutas de Lima, afirmó que la seguridad jurídica “es para la gente decente y no para los delincuentes”, una de las frases más comentadas de su exposición.
El empresario también justificó el endeudamiento de la Municipalidad de Lima mediante la emisión de bonos a 20 años, aunque no precisó cómo financiaría futuras obras sin recurrir a dicho mecanismo.
¿Qué reformas plantea en justicia y seguridad?
López Aliaga anunció que impulsará una “reforma total del Poder Judicial y del Ministerio Público”, inspirada en el modelo de meritocracia del Banco Central de Reserva. Asimismo, adelantó una inversión superior a mil millones de dólares en equipos y tecnología policial y militar, incluyendo cámaras, drones y sistemas de “chuponeo legal”.
El líder de Renovación Popular sostuvo además que el Perú se retirará de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando que “allí solo ganan los defensores de terroristas y sicarios”. También propuso construir cárceles de alta seguridad en zonas no contactadas, bajo un “modelo Cepa”, y colocar grilletes electrónicos a los extranjeros no registrados.
De igual modo, adelantó que buscará un tratado con Estados Unidos para facilitar la extradición e intervención conjunta en operaciones contra el crimen organizado.
¿Qué medidas económicas y sociales propone?
En el ámbito económico, López Aliaga aseguró que demandará a Brookfield ante el CIADI por la compra de acciones de Odebrecht en concesiones obtenidas “corruptamente”, con una compensación de hasta 3 mil millones de dólares.
También propuso la erradicación total de la minería ilegal, la creación de un “servicio policial militar voluntario” con incentivos económicos y acceso a Beca 18, y sanciones a las empresas de telefonía que no bloqueen equipos robados ni regulen la venta de chips.
Finalmente, exhortó al presidente José Jerí a acudir al Tribunal Constitucional para frenar las iniciativas de gasto del Congreso, a las que calificó como inconstitucionales por invadir competencias del Ejecutivo.
Con un discurso marcado por frases directas y promesas de mano dura, Rafael López Aliaga delineó en CADE Ejecutivos 2025 un programa de gobierno centrado en la seguridad, la meritocracia y el control fiscal, proyectando un escenario de confrontación política y reformas de alto impacto institucional.
