La provincia de Pataz, en la región La Libertad, fue escenario de una nueva tragedia tras confirmarse el asesinato de 13 trabajadores de la minera Poderosa. El crimen ha sido atribuido a bandas criminales vinculadas a la minería ilegal, un fenómeno que desde hace años se ha arraigado en esta zona del país. La empresa denunció que, en total, 39 personas han sido asesinadas en la región por estas organizaciones delictivas.
Gremios empresariales y sindicales emitieron un pronunciamiento conjunto en el que culpan al Gobierno por la falta de una política integral y eficaz para combatir la criminalidad. Señalaron que el actual Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ampara actividades ilegales y exigieron su reforma. También demandaron la implementación de una estrategia que combine la represión al crimen organizado con una formalización minera auténtica, transparente y sostenible.
Poderosa, que opera minas de oro en Pataz, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y pidió a las autoridades replantear su enfoque frente al problema. Enfatizó que muchas bocaminas ilegales están plenamente identificadas y georreferenciadas, por lo que la Policía debería actuar de inmediato para interdictarlas. Advirtió que, sin estas acciones, será imposible frenar a las organizaciones criminales.
A pesar del Estado de Emergencia vigente y la presencia militar en la zona, la violencia persiste. El último sábado, una emboscada contra trabajadores del campamento minero Aracoto dejó ocho heridos, incluidos dos policías, en el distrito de Tayabamba. Los afectados fueron evacuados por vía aérea ante la gravedad de sus lesiones.
Los gremios advirtieron que no solo los trabajadores mineros están expuestos, sino también empresarios y emprendedores de diversos sectores. Insistieron en la necesidad de un Estado con autoridad, capaz de proteger la vida, garantizar el trabajo digno y promover el desarrollo formal en regiones cada vez más golpeadas por la ilegalidad.
