El Ministerio Público oficializó la reincorporación de Luis Carlos Arce Córdova como fiscal supremo titular. La decisión se tomó después de que la JNJ rehabilitara su título profesional. La medida figura en la Resolución N.º 3704-2025-MP-FN, publicada en el Diario Oficial El Peruano. En el documento se le asigna la conducción de la Fiscalía Suprema de Familia. Con ello se deja sin efecto la encargatura que ejercía la fiscal adjunta suprema Gianina Tapia Vivas.
La orden judicial que anuló su destitución
La reincorporación se concretó después de que la JNJ acatara una resolución del Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima. La orden se emitió como parte de un proceso de amparo. El fallo dispuso anular el procedimiento disciplinario que culminó en su destitución. También exigió la rehabilitación inmediata de su título de fiscal supremo. Con ello se abrió paso a su retorno formal al Ministerio Público.
Arce Córdova había sido destituido en julio de 2021 tras un proceso disciplinario inmediato en la JNJ. Entre las conductas atribuidas, la más relevante fue su renuncia como miembro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en pleno proceso electoral, lo que generó un quiebre en el quórum del organismo. Esta acción fue considerada por la JNJ como una falta grave con impacto institucional. Además, durante su trayectoria, el exfiscal supremo fue mencionado en investigaciones relacionadas con el caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto', a raíz de audios que involucraban a diversos operadores judiciales.
Contexto institucional tras la restitución
Con la resolución judicial y la rehabilitación formal de la JNJ, el Ministerio Público restableció plenamente a Arce Córdova en la carrera fiscal. La decisión llega en un contexto de reorganización interna en la institución y ha generado debate en el sistema de justicia sobre la actuación de la JNJ y el alcance del control judicial en los procesos disciplinarios aplicados a altos funcionarios.
El retorno de Arce Córdova, luego de más de dos años fuera del cargo, marca un precedente relevante en torno a la revisión de sanciones disciplinarias y la intervención del Poder Judicial en la protección de derechos laborales y profesionales de funcionarios públicos.
