Desde las 5:00 a.m. de este miércoles, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutaron el operativo "Ícaro", que incluyó el allanamiento de la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, ubicada en un condominio en el distrito de San Borja. La intervención se desarrolló en el marco de las investigaciones por los presuntos delitos de favorecimiento ilícito, cobros indebidos y encubrimiento de pruebas, relacionados con supuestos beneficios otorgados a la minera El Dorado.
El operativo, liderado por el fiscal adjunto provincial Raúl Guerrero Quispe, abarcó también el allanamiento de las oficinas vinculadas al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, así como otros 14 inmuebles adicionales, incluyendo un local en el centro empresarial de San Isidro relacionado al general PNP (r) Percy Tenorio, persona cercana a Santiváñez.
Defensa de Nicanor Boluarte rechaza imputaciones
El abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, llegó a la vivienda durante la diligencia y aseguró que su patrocinado "no tiene relación con ninguna minera ni conoce al ministro Santiváñez". Calificó el allanamiento como un acto innecesario y abusivo, señalando que nunca fueron notificados sobre esta investigación y que se podría haber solicitado una citación antes de proceder con la intervención.
“Esto es un abuso absolutamente innecesario. En lugar de citar al señor a declarar, lo que hacen es allanar. Nunca nos han notificado absolutamente nada de este caso", declaró Vivanco.
Por su parte, el defensor público César Linares indicó que Nicanor Boluarte mostró predisposición a colaborar con las autoridades durante la diligencia y ejerció su derecho a contar con una defensa privada.
Investigación distinta a 'Los Waykis en la sombra'
Según información de RPP, este nuevo allanamiento no estaría relacionado con el caso "Los Waykis en la sombra", donde Nicanor Boluarte también es investigado por presunta organización criminal. En dicho proceso, el Poder Judicial ordenó prisión preventiva por 36 meses en noviembre de 2024, aunque esta fue anulada en enero de 2025. A inicios de agosto, la justicia también rechazó un pedido de archivo presentado por su defensa.
En el marco de esta nueva investigación, la Fiscalía acusa a Nicanor Boluarte de haber buscado obtener arraigo laboral para utilizarlo como argumento de defensa frente a los procesos judiciales en su contra. Además, se le vincula con presuntos actos de favorecimiento dentro del Ministerio del Interior, cobros indebidos, y ocultamiento de evidencia.
