El Congreso de la República dio un paso decisivo en la lucha contra la corrupción en el deporte al aprobar la incorporación del delito de fraude o manipulación de resultados en competencias oficiales dentro del Código Penal.
La norma, que fue respaldada por unanimidad en el Pleno, busca combatir prácticas ilícitas que afectan la integridad y la transparencia en las competiciones deportivas reconocidas por el Instituto Peruano del Deporte (IPD).
Según lo aprobado, quienes ofrezcan, reciban o acepten ventajas indebidas para alterar el desarrollo o los resultados de torneos oficiales serán sancionados con penas que van de tres a seis años de prisión. En los casos que involucren a deportistas, entrenadores, árbitros, dirigentes o personal administrativo, la sanción se eleva a un rango de cuatro a ocho años, además de la inhabilitación para ejercer cualquier función relacionada con actividades deportivas.
Esta medida también contempla la persecución penal de quienes participen en actos vinculados a las apuestas deportivas, un ámbito especialmente vulnerable a la manipulación de resultados. De esta manera, el marco legal busca cubrir distintos aspectos que hasta ahora carecían de regulación específica en el país.
¿Por qué era necesaria esta norma?
El presidente de la Comisión de Justicia, Flavio Cruz Mamani, explicó que la manipulación de resultados vulnera la esencia del deporte, afectando su valor educativo y los principios que transmite a la sociedad.
Hasta antes de esta ley, el Perú no contaba con un tipo penal específico para castigar estas conductas, lo que dificultaba la intervención eficaz del Ministerio Público y del sistema judicial frente a casos de corrupción deportiva.
¿Qué implica para el sistema judicial y el deporte nacional?
La congresista Diana González Delgado, autora del proyecto, destacó que esta norma busca garantizar la transparencia y legitimidad de las competencias deportivas, brindando a la ciudadanía mayor confianza en la veracidad de los resultados.
Con la aprobación unánime del dictamen (104 votos a favor en primera votación y 99 en la segunda), se fortalece el marco legal para enfrentar un problema que ha socavado la credibilidad del deporte a nivel internacional.
Con la promulgación de esta ley, el Congreso de la República dota al sistema judicial de herramientas claras para sancionar el fraude deportivo, cerrando así un vacío legal que impedía la persecución efectiva de estos delitos.
