La Primera Fiscalía Corporativa Penal de La Victoria-San Luis dispuso el archivo definitivo de la investigación por el homicidio calificado de Andrea Vidal, extrabajadora del Congreso de la República, quien tenía 27 años al momento de su asesinato. La decisión se tomó luego de que el Ministerio Público concluyera que no existían elementos suficientes para acreditar la participación de los investigados ni identificar a los autores materiales e intelectuales del ataque.
Vidal fue atacada a balazos en diciembre de 2024 mientras se desplazaba en un taxi conducido por el ciudadano venezolano José Daniel Vargas Briceño. El atentado también acabó con la vida del conductor. Tras casi dos años de diligencias, la Fiscalía decidió cerrar la carpeta correspondiente al homicidio al considerar que no se alcanzaron los presupuestos necesarios para formalizar y continuar con una investigación preparatoria.
Fiscalía no logró identificar a los autores del crimen
De acuerdo con la disposición fiscal, durante las pesquisas no se pudo acreditar la responsabilidad o participación de las personas investigadas ni determinar la identidad de quienes ejecutaron el ataque. Por ello, el Quinto Despacho Provincial Penal de La Victoria y San Luis ordenó el archivo de las actuaciones contra los investigados.
Entre las personas comprendidas en las pesquisas figuraron David Rodrigo Falcón, expareja de Vidal, además de Thonny Monja Mejía, Lucero Espinoza Chinchay, Santiago More Calderón y David More Ríos. Sin embargo, la Fiscalía concluyó que los elementos obtenidos durante las diligencias no permitían sostener su responsabilidad penal por el homicidio.
La investigación llegó a contemplar distintas líneas para reconstruir el ataque. Las diligencias incluyeron el análisis de cámaras de seguridad, vehículos, desplazamientos, comunicaciones y otros elementos que buscaban determinar cómo se planificó y ejecutó el atentado. No obstante, según la información publicada sobre la disposición fiscal, ninguna de estas diligencias permitió establecer quién ordenó el crimen ni quiénes fueron los autores materiales.
El asesinato también abrió una investigación sobre el Congreso
El crimen de Andrea Vidal generó además una investigación independiente relacionada con una presunta red de prostitución vinculada al Congreso de la República. Esta línea alcanzó a Jorge Torres Saravia, entonces jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento y quien había tenido a Vidal bajo su supervisión.
Sin embargo, ese expediente siguió un camino distinto al proceso por homicidio. En febrero de 2026, el Ministerio Público archivó definitivamente la investigación por el presunto delito de favorecimiento a la prostitución al considerar que no existían elementos suficientes para sostener la imputación.
Con el nuevo archivamiento, la investigación fiscal por el asesinato de Andrea Vidal queda cerrada sin que se haya determinado quién ejecutó el ataque, quién lo habría ordenado ni cuál fue el móvil del crimen. La disposición fiscal establece el cierre de las actuaciones contra los investigados, mientras el homicidio permanece sin responsables identificados.
