El Gobierno del estado de Río de Janeiro anunció la mayor incautación de armamento de guerra en la historia reciente del país, tras una operación policial contra el narcotráfico que dejó al menos 121 muertos, entre ellos 117 presuntos delincuentes y cuatro policías.
Durante la intervención, realizada el martes pasado en los complejos de favelas de la ciudad, las autoridades confiscaron un arsenal valorado en 12,8 millones de reales (unos 2,4 millones de dólares), compuesto por 120 armas, incluyendo 93 fusiles de asalto, así como municiones, explosivos, drogas y equipos militares.
El operativo, dirigido contra el grupo criminal Comando Vermelho, considerado uno de los más poderosos de Brasil, fue calificado como un “golpe histórico” al narcotráfico por el gobernador del estado, Cláudio Castro, quien destacó la magnitud del decomiso.
Armas provenientes del extranjero
Según la policía civil, una parte significativa del armamento procedía de otros países, entre ellos Venezuela, Argentina, Perú, Bélgica, Rusia y Alemania. Entre las armas encontradas figuran modelos de guerra como el AK-47 y el FAL, empleados habitualmente en zonas de conflicto internacional.
“Estamos ante un arsenal típico de un escenario de guerra”, señaló Felipe Curi, secretario de la policía civil de Río de Janeiro, en declaraciones recogidas en un comunicado oficial.
Curi añadió que la prioridad ahora será investigar las rutas utilizadas por las organizaciones criminales para introducir estas armas en territorio brasileño y su posterior distribución hacia las principales favelas del país.
Algunos fusiles incautados presentan marcas pertenecientes a fuerzas armadas extranjeras, lo que ha despertado preocupación sobre posibles redes de tráfico internacional de armas que abastecen a los grupos delictivos locales.
Operación polémica pero respaldada
La operación, considerada la más letal en la historia de Brasil, ha generado fuertes reacciones. Organizaciones de derechos humanos y habitantes de las comunidades afectadas denunciaron uso excesivo de la fuerza y criticaron la falta de medidas para proteger a civiles durante los enfrentamientos.
Sin embargo, encuestas publicadas en los últimos días revelan que la mayoría de los brasileños respalda la intervención, calificándola como un paso necesario en la lucha contra el “narcoterrorismo”.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva también se pronunció sobre el tema, anunciando un proyecto de ley que propone penas de hasta 30 años de prisión para los miembros de facciones criminales.
Además, el mandatario firmó recientemente una nueva ley que fortalece la lucha contra el crimen organizado, incorporando delitos como la conspiración y obstrucción de operaciones policiales.
Las autoridades brasileñas continúan analizando el origen y las rutas de ingreso del armamento incautado, considerado un hallazgo sin precedentes por su volumen y procedencia internacional.
