Un dirigente de construcción civil fue asesinado a balazos frente a su vivienda en el distrito de Comas la tarde del 25 de diciembre, mientras celebraba la navidad con familiares y amigos, en un crimen que las primeras investigaciones vinculan al no pago de un “cupo” o extorsión impuesto por una banda criminal que operaba en el sector construcción.
¿Qué ocurrió en el lugar del crimen?
La víctima fue identificada como José Héctor Salazar Sabuco, dirigente del sector construcción civil, quien fue atacado con disparos frente a su casa en el kilómetro 14 de la avenida Túpac Amaru mientras compartía con su familia. El asesinato fue presenciado por testigos, lo que generó escenas de gritos y desesperación en plena celebración navideña.
Según los familiares, Salazar Sabuco venía siendo víctima de extorsiones desde hace meses, donde supuestos miembros de la banda conocida como ‘El Monstruo’ le exigían 10,000 soles cada semana para permitirle trabajar en una obra en el distrito de El Agustino.
Extorsión y antecedentes del dirigente
La familia de la víctima contó que esta no era la primera vez que Salazar Sabuco sufría ataques: en los últimos cinco años había sido objeto de al menos dos atentados anteriores, incluyendo la detonación de un explosivo en su vivienda y un ataque con disparos en otra ocasión.
Los agresores habrían amenazado no solo con violencia si no se pagaba el cupo, sino también con imponer trabajadores 'fantasmas' en la obra de construcción, una práctica común en grupos delictivos que buscan controlar proyectos y negocios mediante extorsión y violencia.
Tras el asesinato, los familiares de Salazar Sabuco exigieron justicia y la identificación de todos los responsables del crimen, así como medidas de protección para evitar que casos similares vuelvan a repetirse. La violencia por extorsión en el sector construcción ha sido recurrente en Lima y otras regiones, presionando a los trabajadores y dirigentes a pagar cupos bajo amenaza de violencia.
Este caso se enmarca en un contexto nacional donde las extorsiones y actos de violencia vinculados a cobros ilegales han generado alarma en diversos sectores productivos, especialmente en construcción y transporte.
