La medida permite que las diversas casas de estudio soliciten hasta 12 meses adicionales para culminar su proceso de cierre definitivo. El plazo extra no implica la restitución de la licencia ni autoriza nuevas admisiones. Solo busca ordenar el cese y evitar mayores afectaciones a los alumnos.
Según lo dispuesto, la ampliación será evaluada caso por caso. Las universidades deberán acreditar que mantienen condiciones mínimas para dictar clases, emitir grados y títulos pendientes y asegurar el traslado de estudiantes a otras instituciones, si corresponde.
La Sunedu precisó que el proceso de cese sigue siendo obligatorio. La ampliación no modifica las resoluciones que denegaron la licencia institucional ni habilita la reapertura de servicios educativos.
Continuidad académica y obligaciones institucionales
La decisión responde a los retrasos detectados en varios procesos de cese. En algunos casos, las universidades no lograron concluir trámites académicos dentro de los plazos iniciales, lo que generó incertidumbre entre estudiantes y egresados.
Con la ampliación, las instituciones deberán presentar un plan actualizado de cese, donde detallen cronogramas, responsabilidades y mecanismos de atención a los estudiantes. La Sunedu mantendrá labores de supervisión durante todo el periodo autorizado.
La entidad recordó que las universidades en cese están obligadas a resguardar archivos académicos, emitir constancias, grados y títulos pendientes y facilitar información a los estudiantes que opten por trasladarse a otras casas de estudio.
Además, se reiteró que las instituciones no pueden realizar publicidad, captar nuevos alumnos ni ampliar su oferta académica durante este periodo excepcional.
Supervisión y advertencias de la Sunedu
La Sunedu advirtió que el incumplimiento de las condiciones establecidas podría derivar en sanciones administrativas. Entre ellas, se contempla la reducción del plazo otorgado o el cierre inmediato de operaciones.
También señaló que esta ampliación no constituye una política general ni automática. Cada solicitud será evaluada según el nivel de avance del cese y el impacto real en los estudiantes.
Finalmente, la entidad reafirmó que el licenciamiento institucional sigue siendo un requisito indispensable para garantizar la calidad educativa. La ampliación del plazo busca mitigar daños, pero no sustituye las exigencias legales vigentes.
