En medio de la controversia generada por las fallas en el traslado del material electoral durante las Elecciones generales de Perú de 2026, la empresa Galaga SAC emitió un pronunciamiento oficial en el que rechaza cualquier responsabilidad directa en los retrasos que afectaron la instalación de mesas de sufragio en distintos puntos del país, principalmente en Lima. La situación generó largas colas, incomodidad entre los votantes y demoras en el inicio del proceso, lo que puso en el centro del debate la labor logística contratada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Niegan responsabilidad en retrasos
A través de un comunicado, la empresa aseguró que cumplió con las condiciones del contrato firmado con la ONPE, indicando que el traslado del material electoral se realizó de acuerdo con los cronogramas y lineamientos establecidos por la entidad. En ese sentido, sostuvo que su trabajo dependía de la planificación y coordinación dispuesta por la autoridad electoral, por lo que rechazó ser señalada como la única responsable de las fallas.
Además, Galaga SAC explicó que el proceso logístico electoral involucra diversas etapas y actores, por lo que cualquier problema debe evaluarse de manera integral. La empresa también negó haber incurrido en negligencia o incumplimiento, defendiendo el desempeño de su personal durante la jornada.
Exigen aclaraciones y continúa la polémica
En su pronunciamiento, la compañía cuestionó las declaraciones de la ONPE que la responsabilizan directamente por los retrasos, señalando que estas afectan su imagen institucional. Por ello, solicitó que se emitan aclaraciones públicas e incluso disculpas si corresponde, asegurando que cuenta con pruebas documentadas que respaldan el cumplimiento de sus obligaciones.
Mientras tanto, la controversia sigue en desarrollo, ya que la ONPE había atribuido a la empresa parte de la responsabilidad por la demora en la entrega del material electoral, lo que afectó la instalación oportuna de mesas en varios locales de votación. Se espera que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, en medio de cuestionamientos sobre la organización del proceso electoral.
