Una compra de más de 31 mil pistolas calibre 9MM, valorizada en más de 32 millones de dólares, ha desatado una fuerte polémica en el Ministerio del Interior. La operación, que se estaría realizando a través de FAME bajo la modalidad de ENCARGO, ha sido puesta en cuestión luego de que se solicitara información oficial para esclarecer posibles irregularidades. El elevado monto, sumado a las condiciones del proceso, ha encendido las alertas por un presunto sobrecosto y falta de transparencia en el uso de recursos públicos.
Proceso exprés y decisiones bajo reserva
Documentos internos de la Policía Nacional revelan que el proceso avanzó con inusual rapidez y bajo estricta reserva. Se convocaron reuniones calificadas como “muy urgentes” para actualizar detalles técnicos del armamento, lo que evidencia que la compra ya se encontraba en una etapa avanzada mientras aún no era de conocimiento público. Paralelamente, el Ministerio del Interior evaluaba la propuesta presentada por FAME, reforzando la sospecha de que la operación estaba prácticamente encaminada antes de cualquier anuncio oficial.
A esto se suma un plazo de entrega que podría extenderse hasta 14 meses, condicionado a permisos internacionales como licencias de exportación. Este tiempo resulta llamativo frente a antecedentes de ofertas similares con entregas de 3 meses, lo que incrementa las dudas sobre las condiciones en las que se viene gestionando la adquisición.
Precios inflados y brecha millonaria
El punto más crítico está en el costo. Mientras la cotización actual eleva la compra a más de 32.5 millones de dólares, otras ofertas internacionales muestran cifras muy por debajo. Por un lado, la empresa italiana Beretta presentó una propuesta global de 17,370,218.37 dólares por las 31,045 pistolas. Por otro, Israel Weapon Industries (IWI), fabricante del modelo considerado en este proceso, había ofertado previamente el mismo lote por 29,461,705.
La diferencia es millonaria y difícil de ignorar. Incluso, en procesos previos, el mismo tipo de armamento habría sido ofertado a menor precio y con plazos de entrega más cortos. Este escenario ha disparado las sospechas de un posible sobrecosto que podría representar un serio perjuicio económico para el Estado.
Modalidad en la mira y presión por respuestas
La controversia no solo se centra en el precio, sino también en la modalidad de contratación. En lugar de convocar una licitación pública, se optó por un concurso por ENCARGO, un mecanismo que, según especialistas, limita la competencia y reduce la transparencia. Esta decisión resulta aún más cuestionable al existir antecedentes de ofertas más económicas por parte de fabricantes internacionales.
Ante este panorama, crece la presión para que el Ministerio del Interior brinde explicaciones claras y documentadas. Se exige conocer los criterios técnicos, legales y presupuestales que sustentan la operación, así como si se evaluaron otras propuestas más competitivas y qué estudios respaldan la decisión tomada.
El caso ya ha encendido las alarmas en distintos sectores. De confirmarse irregularidades o un posible daño económico, la controversia podría escalar al Ministerio Público y convertirse en una investigación de gran alcance, con implicancias políticas y administrativas de alto nivel.
