El Gobierno busca endurecer su estrategia contra la criminalidad organizada. El Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República un pedido de facultades legislativas que incluye una propuesta para que determinadas bandas criminales puedan ser calificadas como organizaciones terroristas.
La iniciativa forma parte de un paquete de medidas orientadas a combatir delitos como la extorsión y fortalecer el control dentro de los establecimientos penitenciarios. Sin embargo, uno de los puntos que más debate ha generado es la posibilidad de que esta nueva clasificación tenga consecuencias jurídicas vinculadas con la pena de muerte.
Por ahora, el proyecto no establece de manera definitiva qué organizaciones serían consideradas terroristas. El Ejecutivo deberá plantear los criterios que permitan determinar cuándo una banda criminal podría recibir esta calificación.
¿La propuesta podría abrir la puerta a la pena de muerte?
Especialistas consultados sobre la iniciativa advierten que la propuesta podría generar un escenario de discusión constitucional. El artículo 140 de la Constitución Política del Perú contempla la pena de muerte para determinados casos de terrorismo, aunque su aplicación está condicionada por el marco constitucional y los compromisos internacionales asumidos por el país.
En ese contexto, la iniciativa del Ejecutivo podría abrir un debate sobre los límites y alcances de una eventual modificación de la legislación contra las organizaciones criminales.
Uno de los principales puntos de discusión será determinar si una organización dedicada a delitos como extorsión, sicariato o secuestro puede ser jurídicamente equiparada a una organización terrorista. Para ello, será necesario establecer criterios claros que permitan diferenciar ambas figuras.
Además, el Pacto de San José de Costa Rica continúa formando parte del marco jurídico internacional aplicable al Perú, por lo que cualquier eventual modificación relacionada con la pena de muerte tendría que ser evaluada también desde el punto de vista constitucional e internacional.
Militares controlarían ingresos de los penales
El paquete de medidas también contempla reforzar la seguridad en los establecimientos penitenciarios. El Gobierno plantea instalar retenes militares equipados con escáneres en los accesos de penales considerados de alta seguridad.
Entre los establecimientos mencionados se encuentran Challapalca, Lurigancho y Ancón 1, donde cumplen condena integrantes de organizaciones criminales como Los Pulpos, Los Injertos y el Tren de Aragua.
La propuesta busca impedir el ingreso de objetos prohibidos y reforzar los controles sobre las personas que ingresan y salen de los centros penitenciarios.
Otro de los puntos centrales está relacionado con el uso de teléfonos celulares desde las cárceles. El Ejecutivo plantea bloquear las comunicaciones ilegales utilizadas para realizar extorsiones y otros delitos desde los establecimientos penitenciarios.
Las empresas operadoras de telecomunicaciones también podrían enfrentar sanciones si no cumplen con la detección y bloqueo de comunicaciones consideradas ilegales.
La propuesta del Ejecutivo plantea un endurecimiento significativo de la lucha contra el crimen organizado y coloca nuevamente en el debate nacional la relación entre terrorismo, delincuencia organizada y pena de muerte. Ahora será el Congreso el encargado de evaluar el pedido de facultades y determinar los alcances de las medidas.
