El Parlamento israelí aprobó en primera lectura un proyecto de ley que permitiría aplicar la pena de muerte a personas condenadas por asesinatos considerados “terroristas”, una medida impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y que se da en medio de la frágil tregua entre Israel y Hamás por la guerra en Gaza.
La propuesta recibió 39 votos a favor y 16 en contra, y aún necesita superar dos lecturas adicionales para convertirse en ley. Ben-Gvir, líder del partido ultranacionalista Poder Judío y una de las figuras más controversiales del actual gobierno, presionó públicamente para que el proyecto avanzara.
De hecho, amenazó con retirar a su agrupación de la coalición si la iniciativa no era sometida a votación, lo que finalmente aceleró su trámite legislativo.
¿Qué plantea exactamente la propuesta de pena de muerte?
El proyecto busca modificar el Código Penal e introducir la pena capital para casos definidos como asesinatos motivados por racismo, odio hacia la población israelí o ataques cometidos con la intención de dañar al Estado. De acuerdo con el Comité de Seguridad Nacional, su propósito es “crear un efecto disuasivo y cortar el terrorismo de raíz”.
La propuesta también establece cambios en los tribunales militares de Cisjordania: permitiría sentenciar a muerte por mayoría simple de jueces y eliminaría la posibilidad de conmutación por parte del mando militar. Esto, en la práctica, la dirigiría principalmente a acusados palestinos procesados en ese sistema judicial.
Aunque Israel mantiene la pena capital en su legislación para casos excepcionales como crímenes nazis o traición no la aplica desde 1962, cuando fue ejecutado Adolf Eichmann. Sin embargo, el debate ha resurgido en múltiples momentos. En 2018, un proyecto similar logró aprobación preliminar, aunque no prosperó.
¿Cómo reaccionaron Palestina y organizaciones internacionales?
La iniciativa provocó críticas inmediatas del lado palestino. Hamás calificó el proyecto como una ley que “encarna el rostro fascista y criminal de la ocupación sionista”. En tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores palestino, con sede en Ramala, aseguró que se trata de “una nueva forma de extremismo y criminalidad contra el pueblo palestino”.
Las críticas también se centran en el rol de Ben-Gvir. El ministro condenado en 2007 por incitación racista y apoyo a un grupo extremista controla la Policía Nacional y ha expandido su influencia sobre la Policía de Fronteras en Cisjordania, lo que ha generado cuestionamientos por una posible politización de las fuerzas de seguridad.
La propuesta avanza en un contexto político y de seguridad especialmente tenso, durante una tregua aún en evaluación y en un Parlamento donde las presiones internas pesan tanto como los debates legales.
