El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) inició a la aplicación del Decreto Supremo N° 007-2025-MTC, que obliga a todas las motocicletas a portar una tercera placa con un chip de radiofrecuencia. La normativa estuvo anunciada como una herramienta clave para optimizar la identificación vehicular y reforzar la seguridad ciudadana.
Sin embargo, la medida se implementa sin que exista un sistema tecnológico operativo que permita su control efectivo. Hasta la fecha no están instalados los lectores RFID ni los sistemas informáticos necesarios para leer y verificar la información almacenadas en los chips. Tampoco se ha publicado un cronograma de licitaciones, asignaciones, presupuesto o plazos para poner en marcha esa infraestructura.
Ante esta situación, los Centro de Inspección Técnica Vehicular (CITV) enfrentan un vacío técnico. La normativa obliga a estos centros a revisar la tercera placa durante las inspecciones, pero no existen equipos ni protocolos definidos para realizar dicha verificación. Esto crea una imposibilidad material de cumplimiento que puede exponer tanto a los operadores como a los usuarios a sanciones sin respaldo técnico.
La falta de infraestructura también ha generado cuestionamientos entre distintos sectores vinculados al transporte y la inspección técnica. Expertos y gremios han señalado la necesidad de que el MTC revise o suspenda la medida hasta contar con los recursos y herramientas necesarios.
¿Una medida sin parámetros?
La normativa estuvo pensada para modernizar el control de vehículos menores y facilitar la identificación remota mediante tecnología RFID. Así lo mencionaron hace meses cuando se anunció la vigencia de las nuevas placas desde el 17 de diciembre de 2025. Esta tecnología permitiría, en teoría, consultar datos del vehículo, propietario, SOAT y resultados de inspecciones con mayor rapidez.
No obstante, la puesta en marcha de la medida sin el soporte tecnológico debilita su efectividad. La ausencia de lectores y sistemas operativos funcionales impide que las autoridades puedan utilizar las ventajas de al tecnología RFID, dejando a conductores y organismos de control en un limbo regulatorio y operativo.
La implementación sin condiciones mínimas ha encendido el debate sobre la viabilidad práctica de la medida y la necesidad de ajustes antes de exigir su cumplimiento a nivel nacional.
