El jefe de Estado precisó que la autógrafa de ley, aprobada por la Comisión Permanente del Congreso, aún se encuentra en evaluación. Indicó que existen aspectos de la norma que deben ser revisados con cuidado. Por esa razón, consideró necesario contar primero con la opinión técnica del sector correspondiente antes de fijar una posición oficial.
Jerí explicó que la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) genera observaciones que no pueden ser abordadas de manera apresurada. Remarcó que el Ejecutivo tiene un plazo vigente para analizar el contenido de la norma. Añadió que no emitirá adelantos mientras no reciba el informe solicitado al Ministerio de Energía y Minas.
La iniciativa legislativa busca ampliar la vigencia del Reinfo hasta diciembre de 2026. Este registro permite que mineros artesanales y pequeños productores accedan a un proceso de formalización. La propuesta ha generado debate entre el Ejecutivo, el Congreso y diversos sectores vinculados a la actividad minera.
Evaluación técnica antes de una decisión final
El presidente sostuvo que algunas disposiciones incluidas en la autógrafa han llamado su atención. Sin entrar en mayores detalles, reiteró que cualquier decisión se tomará con base en criterios técnicos. Aseguró que el objetivo es evitar errores normativos que puedan tener consecuencias negativas a mediano plazo.
En anteriores declaraciones, Jerí dejó entrever que una ampliación más corta podría ser razonable. No obstante, evitó confirmar esa posibilidad en esta ocasión. Insistió en que la evaluación técnica será determinante para la decisión final del Ejecutivo.
Debate político en torno a la ampliación del Reinfo
Desde el Congreso, la ampliación del Reinfo fue defendida como una medida necesaria para evitar que miles de mineros queden fuera del proceso de formalización. Legisladores señalaron que muchos aún no logran culminar los requisitos exigidos por el Estado. Por ello, consideraron indispensable otorgar un mayor plazo.
Sin embargo, la ampliación también ha sido cuestionada por distintos especialistas. Algunos advierten que las prórrogas continuas debilitan la política de formalización minera. Otros sostienen que el registro ha sido usado de forma indebida para encubrir actividades ilegales.
El Gobierno deberá definir su postura antes de que venza el plazo constitucional. La eventual promulgación u observación de la norma marcará un nuevo capítulo en el debate sobre la formalización minera y el futuro del Reinfo en el país.
