La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, podría abandonar la prisión este jueves 6 de noviembre tras la anulación de una sentencia de diez años que pesaba en su contra por el caso 'Golpe de Estado ll'. Además, asistiría a la investidura del presidente electo Rodrigo Paz, de acuerdo a fuentes judiciales y de la defensa.
Anulan sentencia de diez años en su contra
El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia (TSJ) decidió dejar sin efecto la condena impuesta en junio de 2022 por el mencionado caso 'Golpe de Estado II', en el que se acusaba a Áñez de asumir la Presidencia de forma irregular tras la crisis política de 2019.
Según el fallo, se identificaron vulneraciones al debido proceso y se concluyó que los hechos debían tramitarse mediante un juicio de responsabilidades, un mecanismo aplicable a exmandatarios, en lugar de que se haga por la vía penal ordinaria.
Tras pasar más de cuatro años detenida, principalmente en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores en La Paz, Áñez podrá recuperar sus derechos e incluso participar en la ceremonia de investidura de Rodrigo Paz como exmandataria constitucional.
Familia a la espera de su liberación
En otro momento, la hija de la exmandataria, Carolina Ribera, informó que la familia está a la espera del mandato de libertad y de la notificación al penal para que esta se haga efectiva.
El contexto de esta resolución deriva de la crisis política de 2019 que terminó con la renuncia de Evo Morales, tras denuncias de fraude electoral, protestas y episodios de violencia que dejaron decenas de muertos en Sacaba y Senkata. La decisión judicial ocurre en un momento de cambio político en Bolivia, con una nueva correlación de fuerzas en el Parlamento que podría incidir en el destino de otros procesos judiciales de alto perfil.
Este giro en la causa de Áñez plantea preguntas sobre la independencia judicial y el uso de la vía política para juzgar a expresidentes, mientras sectores de víctimas de la crisis de 2019 ya anuncian acciones para que se realice un juicio político o responsabilidad estatal por los hechos ocurridos.
