Tres policías fueron sentenciados por exigir una coima de S/ 8000 a dos ciudadanos intervenidos en el distrito de Túcume, en Lambayeque, según informó el Ministerio Público. Durante la intervención, los agentes no solo sustrajeron dinero en efectivo y objetos personales, sino que además falsificaron documentos con el fin de justificar su conducta ilícita y encubrir la irregularidad de la detención.
El fiscal adjunto superior Julio César Taboada Ramón precisó que, durante el juicio oral, se presentaron pruebas contundentes que acreditaron la responsabilidad penal de los agentes implicados. Entre los elementos se incluyeron testimonios de las víctimas, registros de comunicaciones y documentos adulterados elaborados por los propios policías para legitimar el procedimiento irregular.
Los hechos ocurrieron cuando los denunciantes fueron intervenidos sin justificación clara y, posteriormente, trasladados a un inmueble en el distrito de José Leonardo Ortiz. Allí, según la acusación fiscal, los agentes les exigieron completar el monto de la coima que inicialmente no pudieron reunir bajo amenazas de formalizar una denuncia inexistente y mantenerlos detenidos de forma arbitraria.
Pruebas que sustentaron la condena
Durante el desarrollo del juicio, la fiscalía demostró que los agentes actuaron con pleno conocimiento de la ilegalidad de sus acciones. Se acreditó que sustrajeron bienes personales, elaboraron actas irregulares y manipularon documentación policial para aparentar que la intervención formaba parte de un procedimiento legítimo.
El fiscal Taboada Ramón detalló que la investigación permitió reconstruir el itinerario seguido por los agresores, desde la intervención inicial en Túcume hasta el traslado forzado a un inmueble privado en José Leonardo Ortiz. La actuación de los policías evidenció un abuso de autoridad sostenido y una planificación orientada a obtener beneficios económicos mediante coerción.
La sentencia también recoge las conclusiones alcanzadas en primera instancia por el fiscal Daniel Gerardo Flores Aguinaga, de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, quien logró acreditar los delitos de cohecho pasivo propio y falsedad ideológica.
Reparaciones civiles y orden de captura
Como parte de la sanción, los policías deberán pagar de manera solidaria una reparación civil de S/ 40 000 a las víctimas por el delito de cohecho pasivo propio cometido en el ejercicio de sus funciones. Además, se fijó un pago adicional de S/ 5000 por el delito de falsedad ideológica, también a favor de los agraviados.
La sentencia ordenó la ubicación y captura inmediata de los sentenciados para que sean internados en un establecimiento penitenciario. Las autoridades continúan con las diligencias para hacer efectiva la orden judicial.
El fallo reafirma la responsabilidad penal de los agentes involucrados y dispone medidas para garantizar la ejecución de la sentencia, incluyendo reparaciones civiles y la detención de los implicados, en el marco de la lucha contra la corrupción en el ámbito policial.
