El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, presentó un proyecto de ley que busca eximir de culpa penal a efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas cuando utilicen sus armas para enfrentar a manifestantes que bloqueen carreteras, aeropuertos u otros activos críticos. La propuesta ha generado un amplio debate político y social en el país.
Propuesta de ley y argumentos del congresista
La iniciativa legal plantea que los efectivos de seguridad no sean responsabilizados penalmente cuando hagan uso legítimo de sus armas en defensa del orden constitucional y frente a actos violentos que afecten infraestructura pública o privada. También incluye una disposición transitoria que permitiría aplicar esta exoneración a policías y militares involucrados en protestas ocurridas en años recientes.
“No puede ser que aquellos que defendieron el orden constitucional… sean hoy día perseguidos por la fiscalía”, afirmó Rospigliosi.
El congresista sostiene que esta medida otorgaría seguridad jurídica a los agentes y evitaría procesos penales por decisiones tomadas en situaciones de enfrentamiento, argumentando que su labor busca mantener el orden frente a disturbios que afectan al país.
Contexto del debate
La propuesta ha generado reacciones encontradas entre sectores políticos, organismos de derechos humanos y la sociedad civil. Quienes respaldan la iniciativa argumentan que proporcionará seguridad jurídica a los agentes del orden en situaciones extremas, evitando que sean procesados por decisiones tomadas en medio de enfrentamientos violentos.
Sin embargo, críticos de la medida advierten que este tipo de legislación puede equivaler a una amnistía o inmunidad que favorece la impunidad, especialmente en casos donde se han documentado excesos en el uso de la fuerza durante protestas sociales. Organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado en otras ocasiones que el uso de la fuerza por parte de las autoridades debe respetar estándares legales y de derechos humanos, incluso en contextos de alta violencia.
El proyecto sigue pendiente de debate y votación en el Congreso, mientras que distintos sectores siguen manifestando opiniones diversas sobre sus posibles efectos en el sistema de justicia y el manejo de conflictos sociales en el país.
