La norma establecida en el inciso f) del artículo 23 del Reglamento del Congreso señala que los congresistas deben mantener una comunicación constante con los ciudadanos y las organizaciones sociales. Durante la semana de representación, su labor incluye recibir denuncias documentadas, fiscalizar a autoridades locales, mediar con instituciones del Poder Ejecutivo y canalizar las necesidades de las poblaciones que los eligieron.
Así pues, los congresistas pueden trasladarse individualmente o en grupos a su circunscripción electoral para cumplir estas funciones. Para los representantes de peruanos residentes en el extranjero, la obligación es similar, aunque con un periodo de siete días calendario continuos.
Contexto y expectativa ciudadana
La semana de representación coincide con el final de la primera legislatura ordinaria del periodo 2025-2026, que culmina el 15 de diciembre. Tras dicho cierre, la Comisión Permanente del Congreso mantiene facultades de legislar hasta fines de febrero de 2026
Para la ciudadanía y los observadores políticos, este periodo representa una de las pocas instancias en que los parlamentarios deben justificar su voto con un contacto directo con sus electores. Se espera que los legisladores utilicen esta semana para recabar demandas reales, supervisar la gestión de autoridades locales y presentar cuentas claras sobre su labor.
No obstante, en un contexto de creciente cuestionamiento hacia la representatividad parlamentaria, la efectividad de esta herramienta depende de la participación activa de los ciudadanos, la documentación real de las denuncias, y la posterior fiscalización de las autoridades competentes.
En los próximos días, corresponderá verificar cuántos congresistas efectivamente viajen a sus circunscripciones, cuáles demandas atienden y si rinden cuentas públicas de las gestiones realizadas. La Semana de Representación sigue siendo un mandato normativo clave para acercar el Legislativo a la ciudadanía.
