El congresista de la República Edwin Martínez Talavera presentó una denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso contra la expresidenta Dina Boluarte, el exministro de Transportes y Comunicaciones César Sandoval Pozo y el exministro de Economía y Finanzas Raúl Pérez Reyes Espejo.
Según el documento ingresado, la acusación incluye la presunta infracción de los artículos 58, 61 y 76 de la Constitución, así como la comisión de los delitos de colusión, negociación incompatible y aprovechamiento del cargo, tipificados en los artículos 384 y 399 del Código Penal.
Martínez solicitó que se determine la responsabilidad política de los exfuncionarios y se proceda con su inhabilitación para el ejercicio de la función pública por un plazo de 10 años. Además, pidió que la denuncia sea remitida a la Fiscalía de la Nación para el inicio de las acciones penales correspondientes.
¿Por qué se cuestiona la ampliación del contrato?
El motivo principal de la denuncia es la aprobación y firma del Decreto Supremo N.º 015-2025-MTC, que autoriza la Adenda N.º 5 del contrato de concesión para la construcción, conservación y explotación del Terminal Portuario de Matarani, en beneficio de la empresa Terminal Internacional del Sur S.A. (TISUR).
El congresista sostiene que esta adenda extiende de manera “inconstitucional, ilícita e indebida” el contrato de concesión por un nuevo plazo de 30 años, pese a que el acuerdo original con TISUR vencía recién en 2029. La medida, aprobada durante la gestión de Dina Boluarte, habría sido refrendada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y por el Ministerio de Economía y Finanzas.
La denuncia también precisa que la prórroga fue otorgada sin concurso público, sin análisis económico actualizado y sin justificación técnica que respalde la necesidad de renovar el contrato antes de su vencimiento.
¿Qué perjuicio habría para el Estado?
Según el parlamentario, la renovación irregular del contrato confiere a un solo operador privado la explotación del puerto de Matarani por tres décadas adicionales, lo que podría afectar la libre competencia y el interés público.
El documento advierte que no se establecieron nuevas condiciones de inversión ni mecanismos de fiscalización actualizados, lo que generaría un perjuicio económico al Estado peruano y una posible vulneración de los principios de transparencia y equidad en la gestión de los recursos públicos.
La denuncia constitucional contra la expresidenta Dina Boluarte y los exministros Sandoval y Pérez Reyes será evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que deberá determinar si existen fundamentos para iniciar un proceso político y penal.
