El Poder Judicial del Perú rechazó el pedido del expresidente Ollanta Humala para suspender provisionalmente la ejecución de su condena de 15 años de prisión por el delito de lavado de activos. Con esta decisión, el exmandatario deberá continuar recluido mientras se desarrolla el proceso de apelación de la sentencia en su contra, en un caso que sigue generando gran atención pública y política.
Seguirá cumpliendo condena
La solicitud fue evaluada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, que finalmente la declaró infundada al considerar que no se han presentado nuevos elementos que justifiquen variar la situación legal de Humala. En ese sentido, el tribunal determinó que la ejecución de la condena debe mantenerse vigente hasta que exista un pronunciamiento definitivo en instancias superiores.
Los magistrados señalaron que persisten factores de riesgo procesal que respaldan la medida, como la gravedad del delito imputado y la elevada pena impuesta. Asimismo, indicaron que aún existen condiciones que podrían facilitar una eventual evasión de la justicia, por lo que no resulta viable conceder la suspensión solicitada por la defensa del exjefe de Estado.
Argumentos de la defensa no prosperaron
La defensa legal de Humala intentó sustentar su pedido en recientes pronunciamientos del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema relacionados con el financiamiento de campañas políticas, argumentando que estos podrían favorecer su situación jurídica. Sin embargo, la Sala precisó que dichos aspectos deben ser analizados en el proceso de apelación de fondo y no en una solicitud de suspensión provisional de la condena.
Además, el tribunal remarcó que este tipo de pedidos no puede sustituir el análisis integral que corresponde a una revisión de sentencia, por lo que descartó que los argumentos presentados sean suficientes para modificar la medida actual. En consecuencia, la condena sigue en ejecución y Humala deberá permanecer en prisión mientras se resuelve su situación definitiva.
Cabe recordar que Ollanta Humala fue sentenciado en 2025 a 15 años de cárcel por el delito de lavado de activos, en el marco de los presuntos aportes ilícitos recibidos durante sus campañas electorales de 2006 y 2011. Este caso forma parte de una serie de investigaciones que han involucrado a diversos actores políticos en el país.
