La denuncia fue interpuesta por el congresista Segundo Montalvo, actual presidente de la Comisión de Educación del Congreso. El documento fue ingresado ante la Fiscalía de la Nación y alcanza a exministros de Economía y Finanzas, así como a exjefes de la Presidencia del Consejo de Ministros de distintos gobiernos.
Según el parlamentario, los denunciados habrían incurrido en el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. El argumento central es que no se garantizó el 6 % del Producto Bruto Interno al sector Educación en los presupuestos anuales.
La obligación está contemplada en el artículo 16 de la Constitución, modificado mediante una reforma aprobada en el año 2020. Desde entonces, el Estado debía asignar progresivamente dicho porcentaje al financiamiento educativo.
Incumplimiento constitucional y responsabilidad funcional
La acusación sostiene que los exministros contaban con recursos fiscales suficientes para cumplir con el piso presupuestal. Sin embargo, optaron por no ejecutar la asignación mínima establecida por la Constitución.
El congresista señala que esta conducta no fue aislada, sino reiterada en varios ejercicios fiscales consecutivos. Por ello, considera que se configura un delito continuado que debe ser investigado por el Ministerio Público.
En la denuncia se precisa que la responsabilidad recae en los funcionarios encargados de formular, aprobar y ejecutar el presupuesto público. También se señala que el incumplimiento afectó directamente al sector educativo.
Montalvo sostiene que la falta de recursos impactó en infraestructura escolar, contratación docente y calidad del servicio educativo. Según su evaluación, estas decisiones profundizaron brechas estructurales en el sistema educativo nacional.
Impacto en el sistema educativo y pedido fiscal
El parlamentario afirmó que más de tres millones de estudiantes habrían sido perjudicados por la insuficiente asignación presupuestal. A su juicio, el incumplimiento limitó la capacidad del Estado para garantizar educación de calidad.
En el documento presentado se solicita al Ministerio Público iniciar diligencias preliminares. También se pide realizar peritajes técnicos en materia económica, contable y constitucional. El objetivo es determinar la responsabilidad individual de cada exministro denunciado. Asimismo, se busca establecer precedentes para el cumplimiento del mandato constitucional en futuros presupuestos públicos.
El congresista advirtió que, aunque el presupuesto del próximo año ya fue aprobado, una eventual investigación podría influir en decisiones fiscales posteriores.
La denuncia abre un nuevo debate sobre la responsabilidad política y penal en la gestión del presupuesto educativo y coloca bajo escrutinio a anteriores administraciones.
