Un megaoperativo policial y fiscal se llevó a cabo en la madrugada del 15 de diciembre en el Callao, con el objetivo de desarticular una presunta organización criminal llamada 'Los Socios del Callao', liderada por el gobernador regional Ciro Castillo Rojo.
La acción incluyó 27 allanamientos simultáneos en viviendas y oficinas de funcionarios y proveedores vinculados al Gobierno Regional del Callao (GORE Callao). La investigación busca esclarecer irregularidades en contrataciones públicas y presuntos actos de corrupción durante la gestión de Castillo.
¿Qué se investiga?
Según el Ministerio Público y la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional, la organización criminal habría evitado los procedimientos legales de contratación pública, adjudicando servicios y obras a proveedores específicos sin la debida transparencia.
Se investigan más de 70 contrataciones públicas irregulares que habrían generado un perjuicio económico al Estado de más de un S/ 1 461 000 mil soles. La red estaría formada por funcionarios y servidores públicos del GORE Callao, así como empresarios que modificaban sus actividades económicas para cumplir con los requisitos irregulares de las licitaciones.
Situación del gobernador y detenidos
Como parte de la investigación, se dictó una orden de detención contra Ciro Castillo Rojo, pero no fue encontrado en su domicilio ni en los lugares allanados, por lo que se reporta como no habido. Las autoridades continúan buscándolo para que responda ante la justicia.
Durante el operativo 7 personas fueron detenidas, incluyendo 4 funcionarios públicos del GORE Callao acusados de formar parte de la organización criminal. La vivienda del gobernador también fue allanada y se incautaron documentos, dispositivos electrónicos y pruebas vinculadas a las contrataciones irregulares. El abogado de Castillo ha indicado que no se notificó formalmente a su defendido sobre algunos de los allanamientos y adelantó que se presentarán recursos legales correspondientes.
Las autoridades continuarán con la búsqueda y captura del gobernador Ciro Castillo Rojo, así como con la investigación de las más de 70 contrataciones irregulares para determinar responsables y cuantificar el daño económico exacto. También se analizará toda la documentación y las pruebas incautadas durante los allanamientos, que podrían generar nuevas detenciones o sanciones.
El Ministerio Público y la Policía han anunciado que este caso será tratado con máxima prioridad dada la gravedad de las irregularidades y la participación de altos funcionarios del gobierno regional.
