Un megadespliegue policial y migratorio se llevó a cabo este viernes en el distrito del Rímac, Lima, en el marco de una operación contra la migración irregular que resultó en la intervención de más de 1,500 ciudadanos extranjeros.
La acción estuvo liderada por la Policía Nacional del Perú (PNP) con apoyo de la Superintendencia Nacional de Migraciones y contó con la presencia del presidente José Jerí, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio y el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, quienes supervisaron las acciones desde el cuartel policial Los Cibeles.
Intervenciones, verificaciones y estatus migratorio
La acción inició alrededor de las 4:00 p. m., cuando unidades policiales trasladaron a los intervenidos desde distintas zonas al cuartel Los Cibeles para someterlos a una revisión exhaustiva de sus antecedentes y documentación.
De los más de 1,500 extranjeros intervenidos, alrededor de 700 ya fueron verificados por Migraciones, y en ese grupo se identificó que 99 se encontraban en condición migratoria irregular, mientras que 90 tenían permisos de permanencia próximos a vencer.
Estas situaciones implican que serán sometidos a procedimientos administrativos que podrían resultar en su expulsión del país conforme a la normativa migratoria vigente. Además, 49 personas presentaban requisitorias vigentes, ya sea a nivel nacional o internacional, lo que motivará su puesta a disposición de las autoridades competentes para los procesos correspondientes.
Objetivos del operativo y declaraciones oficiales
Según las autoridades, el operativo forma parte de una estrategia más amplia de control migratorio y seguridad ciudadana, impulsada en el contexto del estado de emergencia vigente en varias regiones del país. Tiburcio, destacó que las acciones buscan garantizar el orden interno y la legalidad, y que este tipo de intervenciones se realizarán de forma permanente.
Por su parte, el premier Ernesto Álvarez enfatizó que la medida es proporcional al desafío de inseguridad que enfrenta el país y que el Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos manteniendo el control sobre quiénes pueden residir legalmente en el territorio.
Los detenidos fueron trasladados en buses oficiales y, en algunos casos, permanecieron custodiados mientras esperaban la conclusión de los trámites administrativos. Diversos grupos de los intervenidos manifestaron preocupación por posibles detenciones indebidas, alegando que contaban con documentación válida, aunque las autoridades aseguraron que la revisión fue exhaustiva y en estricto respeto del marco legal.
