La Fiscalía de la Nación ha presentado una denuncia constitucional contra el expresidente del Consejo de Ministros, Luis Alberto Otárola Peñaranda, por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en perjuicio del Estado.
La denuncia se centra en las presuntas irregularidades en las contrataciones de Yaziré Pinedo Vásquez en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Defensa, durante la gestión de Otárola. Según la Fiscalía, estas contrataciones habrían sido gestionadas con la participación de funcionarios de su entorno cercano, entre ellos Luis Alemán Nakamine, Ninoska Mosqueira Cornejo y Giuliana Horna Padrón, todos vinculados a su paso por Devida.
🚨#Comunicado | Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó denuncia constitucional ante el Congreso de la República en contra de Luis Alberto Otárola Peñaranda, en su actuación como presidente del Consejo de… pic.twitter.com/wogQ5cIGce
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 30, 2025
Los contratos bajo sospecha ascienden a un beneficio patrimonial de más de S/ 32,000 para Pinedo, según la investigación. Uno de los contratos fue tramitado en la PCM, donde Pinedo habría sido la única postulante en un proceso que, según la Fiscalía, fue direccionado. En paralelo, en el Ministerio de Defensa se le otorgaron dos órdenes de servicio por S/18,000 y S/35,000, aunque esta última solo se ejecutó parcialmente.
El caso ganó notoriedad pública tras un reportaje del programa Panorama, que reveló un audio donde Otárola solicitaba el currículum vitae de Pinedo. Además, se documentaron visitas del exjefe del Gabinete al domicilio de la joven, realizadas en un vehículo oficial de la PCM.
Una pieza clave en el caso es la denuncia presentada por Zamir Villaverde a través de su estudio de abogados, Estudio Villaverde, donde se señala la existencia de una presunta organización criminal liderada por Luis Alberto Otárola. El documento contiene audios, videos y la declaración de Yaziré Pinedo, quien ha confirmado una relación cercana con el exfuncionario desde 2020. Esta denuncia ha sido utilizada como base por el Ministerio Público para sustentar la acusación.
El proceso ahora pasa a manos del Congreso de la República, donde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por María Acuña (APP), deberá decidir si admite a trámite la denuncia. De proceder, Otárola podría ser inhabilitado para ejercer funciones públicas.
Este caso no solo compromete al ex primer ministro, sino que también golpea al entorno la presidenta Dina Boluarte, generando nuevas interrogantes sobre el nivel de control y transparencia en el Ejecutivo.
