Han pasado 24 años desde que Alberto Fujimori puso fin a su década en el poder con una renuncia enviada por fax desde Tokio, un episodio que marcó uno de los momentos más críticos de la historia reciente del Perú.
El 19 de noviembre del 2000, en medio de una profunda crisis institucional detonada por los vladivideos y una sucesión de escándalos de corrupción, el entonces presidente comunicó su salida del cargo sin regresar al país.
El Congreso, lejos de aceptar la dimisión, votó su destitución por “incapacidad moral permanente” y procedió a inhabilitarlo por diez años para ejercer función pública. Tras ello, el titular del Parlamento, Valentín Paniagua, asumió la presidencia interina y condujo la transición hasta abril de 2001, cuando Alejandro Toledo tomó el mando.
¿Qué llevó a Fujimori a renunciar desde Japón?
Los meses previos a su salida estuvieron marcados por un deterioro acelerado del régimen. A lo largo de la década de los noventa, el gobierno de Fujimori enfrentó denuncias por autoritarismo, especialmente desde el autogolpe de 1992, que disolvió el Congreso con apoyo de las Fuerzas Armadas.
Posteriormente, la aprobación de la Ley de Interpretación Auténtica permitió su reelección por tercera vez, pese a cuestionamientos de inconstitucionalidad.
El detonante definitivo surgió en septiembre del año 2000, cuando se difundió el primer “vladivideo”, material que mostraba a Vladimiro Montesinos sobornando a congresistas y empresarios. La evidencia desencadenó protestas, fracturas políticas y el anuncio de nuevas elecciones generales sin la participación del mandatario.
Fujimori viajó luego a la Cumbre del APEC y, tras su paso por Tokio, decidió no regresar al Perú ante las denuncias penales que enfrentaba. Fue desde la capital japonesa que remitió la carta de renuncia a la Presidencia.
¿Cómo procedió el Congreso ante su salida?
En ausencia de un procedimiento reglamentado para el caso, el Congreso optó por votar la vacancia del cargo. La renuncia fue rechazada y se declaró la incapacidad moral del mandatario, mecanismo contemplado en la Constitución.
Con ello, se activó la sucesión presidencial y se inició un periodo de reorganización estatal tras años de inestabilidad.
Años después, Fujimori permaneció en Japón hasta 2007, cuando fue extraditado al Perú y posteriormente condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos. Aunque recibió un indulto en 2017, este fue revertido y el expresidente volvió a prisión en 2019.
La renuncia por fax de Fujimori marcó el cierre de un ciclo político que había acumulado tensiones durante una década. Veinticuatro años después, aquel episodio sigue siendo un punto de referencia para comprender la fragilidad institucional del país y los efectos de la corrupción en la democracia peruana.
