Buscando la regulación
El partido Acción Popular presentó un Proyecto de Ley que busca imponer requisitos más estrictos a influencers y creadores de contenido que difundan información en temas sensibles como salud física o mental, educación, seguridad y patrimonio. La iniciativa señala que la medida busca frenar la desinformación en áreas donde la información técnica puede afectar directamente la vida o integridad de las personas.
Requisitos para los creadores de contenido
La propuesta, impulsada por el congresista Wilson Soto, establece que los influencers deberán cumplir condiciones específicas para poder difundir contenido en estos rubros. La principal exigencia es contar con un título profesional o certificación oficial que respalde la especialización del creador. También deberán ser mayores de edad o, en caso de menores, contar con un adulto responsable a cargo de la cuenta.
Otro punto clave del proyecto es la creación del Registro de Medios Digitales y Creadores de Contenido, a cargo de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Este registro serviría para identificar formalmente a los influencers y permitir que las autoridades supervisen su actividad en temas sensibles.

Sanciones ante la desinformación
El proyecto contempla sanciones considerables. Los creadores que difundan información falsa sobre tratamientos médicos o contenidos científicos sin contar con la acreditación requerida podrían recibir una multa de hasta 5 UIT, equivalente a aproximadamente S/ 26 750.
Asimismo, se plantea la posibilidad de inhabilitar a un influencer para ejercer como creador de contenido por periodos que van desde 60 días hasta un año, dependiendo de la gravedad de la falta y del daño causado por la información difundida.

Un debate que recién empieza
Acción Popular sostiene que esta regulación es necesaria para reducir la propagación de información dañina en plataformas digitales. La iniciativa asegura que la profesionalización del sector ayudaría a evitar riesgos para la salud, la seguridad y el patrimonio de los usuarios que consumen contenido especializado.
Sin embargo, el debate ya está abierto. Señalamientos posteriores indican que aún no está claro si este proyecto ha sido formalmente admitido en el Congreso, y surgen cuestionamientos sobre si esta regulación podría representar una limitación a la libertad de expresión en el entorno digital.









