La reforma penitenciaria se ha convertido en uno de los ejes más polémicos del gobierno de José Jerí. En entrevista televisiva, el mandatario aseguró que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) “va a desaparecer” tal como se conoce actualmente, como parte de un proceso de transformación radical que busca enfrentar la corrupción y recuperar el control del Estado sobre las cárceles del país.
En la entrevista con Beto Ortiz también acoto que sus visitas a los penales sean por “show” y agrego lo siguiente:
“No, ellos nos han intimidado en nuestras calles con sus hechos criminales, lo mínimo que debíamos hacer como Estado era también entrar en sus casas y hacerles lo mismo que nos hacen a nosotros"
¿Por qué eliminar el INPE?
Jerí explicó que la institución atraviesa una crisis estructural, con denuncias de corrupción y un alto grado de influencia de organizaciones criminales dentro de los penales. “Lo que hay que combatir es el cáncer de la corrupción en el INPE” también comento que no todos los efectivos del INPE son corruptos.
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez ya había señalado que la reorganización implicará un cambio de autoridades, de filosofía institucional y la incorporación de principios semicastrenses en la formación de agentes penitenciarios para reforzar la disciplina y la seguridad interna.
El Ejecutivo ha solicitado al Congreso facultades legislativas para implementar esta reforma, que incluye la extinción del concepto actual del sistema penitenciario y la creación de una nueva entidad con un modelo más moderno y eficiente.
Jerí, reconoció que el tiempo de su mandato es limitado, pero insistiendo en que la medida es urgente para frenar la expansión del crimen organizado desde las cárceles.
¿Qué cambios se prevén?
Según el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, la reingeniería contempla la modificación del tratamiento penitenciario, la implementación de tecnología para el control interno y la creación de un órgano de integridad institucional. Además, se busca optimizar la seguridad tecnológica y la inteligencia penitenciaria.
Por ahora, el debate está abierto y la decisión del Congreso será clave para definir si el país inicia una de las reformas más drásticas pero necesarias para el sistema penitenciario.
