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Mario Cabani exige a Dina Boluarte sustentar pago por cirugía

Cirujano Mario Cabani confirmó que recibió US$4,500 en efectivo por una cirugía estética a Dina Boluarte y exigió sustentar el origen del dinero.

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El cirujano plástico Mario Cabani confirmó haber recibido US$4,500 en efectivo por las intervenciones estéticas realizadas a la presidenta Dina Boluarte y solicitó, mediante carta notarial, que la mandataria acredite el origen lícito del dinero. El pago se realizó días antes de que el médico declarara ante el Ministerio Público, luego de levantarse el secreto profesional. Durante su testimonio, Cabani brindó detalles de los procedimientos quirúrgicos, los efectos posoperatorios y el contexto en el que se realizaron.

El especialista contradijo la versión oficial de Boluarte, quien argumentó problemas respiratorios para justificar la intervención. Según Cabani, la operación fue exclusivamente estética, versión que fue respaldada por el otorrinolaringólogo Javier Sánchez, quien aseguró que la mandataria no requería cirugía por motivos de salud. La presidenta es investigada por presunta omisión de funciones y abandono del cargo, debido a que su recuperación coincidió con su ausencia del despacho presidencial entre el 29 de junio y el 10 de julio de 2023.

La Fiscalía abrió las diligencias tras recibir documentos del propio Cabani, entre ellos cartas notariales e historia clínica. El 29 de abril se deslacraron estos materiales, y al día siguiente, el cirujano declaró durante seis horas ante el fiscal supremo Hernán Mendoza. Cabani relató que Boluarte fue sedada completamente, salió con el rostro vendado y guardó reposo durante al menos cinco días. También indicó que la presidenta retiró su historial médico sin autorización y que él envió varias cartas exigiendo el pago pendiente, hasta que recibió un sobre con efectivo hace dos semanas.

El caso se encuentra en una etapa clave. La Fiscalía espera el resultado del peritaje de diez decretos supremos firmados por Boluarte durante su recuperación. Este análisis determinará si procede una denuncia constitucional. Además, se aguarda una decisión del Tribunal Constitucional, que deberá pronunciarse sobre la legalidad de investigar penalmente a un presidente en funciones.

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