La Comisión de Energía y Minas del Congreso, presidida por Víctor Cutipa, sesionará este martes 18 de noviembre para evaluar y aprobar una nueva iniciativa que busca ampliar nuevamente la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
Este mecanismo permite que los mineros informales continúen operando mientras avanzan en su proceso de regularización, aunque los avances han sido mínimos. La discusión se da en paralelo al escaso progreso de la nueva Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Minería (Ley MAPE), también a cargo de este grupo de trabajo.
La propuesta llega en un contexto de reiteradas advertencias. El Tribunal Constitucional (TC), en la sentencia del expediente 00017-2023-PI/TC, alertó que el REINFO ha demostrado ser ineficaz para formalizar la minería y que su uso como herramienta de exención penal en delitos ambientales es inconstitucional.
“Los avances en la formalización han sido mínimos, lo que configura un riesgo creciente que, de no ser corregido, profundizará sus impactos negativos”, concluyó el TC.
¿Qué revelan los datos sobre el REINFO?
Según cifras oficiales, a enero de 2025 el padrón registraba 82,129 inscritos. De ellos, solo 23,411 (28.5%) mantenían vigente su inscripción, mientras que 58,718 (71.5%) habían sido suspendidos.
La situación es más crítica si se analiza la propiedad: a junio de 2025, apenas el 7% de los mineros informales inscritos eran titulares de la concesión donde operaban. En contraste, el 69% realizaba actividades dentro de concesiones de terceros, en su mayoría pertenecientes a pequeños productores mineros.
El Colegio de Abogados de Lima (CAL) también cuestionó la Resolución Directoral N.º 00005-2025-MINEM/DGFM, por flexibilizar los requisitos para obtener y usar explosivos bajo supervisión de la Sucamec.
La entidad advirtió que esta medida es especialmente riesgosa en un contexto de creciente inseguridad ciudadana, en el que bandas criminales emplean explosivos para extorsionar.
¿Qué señalan los gremios empresariales?
Los gremios empresariales expresaron su rechazo a la ampliación del REINFO, al considerar que representa un retroceso en la lucha contra la minería ilegal, una de las actividades ilícitas más extendidas del país.
Recordaron que el registro ya se encuentra vigente hasta diciembre de 2025, pero un dictamen plantea extenderlo por dos años adicionales, mientras que otras iniciativas buscan prolongarlo aún más.
En un pronunciamiento conjunto, las asociaciones advirtieron que prolongar la vigencia del REINFO debilita la fiscalización estatal y genera competencia desleal frente a la minería formal, que sí cumple con las exigencias ambientales, tributarias y laborales.
El debate en el Congreso vuelve a colocar al REINFO en el centro de la discusión sobre la minería informal, en un escenario marcado por escasos avances de formalización, cuestionamientos legales y preocupación por la seguridad pública. La decisión que adopte la Comisión de Energía y Minas será clave para definir el rumbo de la política minera en los próximos años.
