La presidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró que su Gobierno trabaja activamente para dotar a la Policía Nacional del Perú (PNP) de mejores herramientas operativas, así como respaldo legal en el ejercicio de sus funciones.
Durante la ceremonia de reconocimiento al general Óscar Arriola como nuevo comandante general de la institución, Boluarte remarcó que su gestión busca reivindicar el rol de la Policía como garante de la seguridad ciudadana.
¿Qué anunció el Gobierno sobre el fortalecimiento de la Policía Nacional?
“Acá estamos para darles toda la seguridad legal, jurídica y darles el respeto que se merecen. En nuestro gobierno defendemos a los que nos protegen, a los que arriesgan su vida por la tranquilidad de toda nuestra patria”, expresó la mandataria desde la sede institucional.
Asimismo, agradeció al comandante saliente, teniente general Víctor Zanabria, por su labor en un contexto complicado. “No es fácil trabajar cuando se tiene todo en contra”, dijo, aludiendo al difícil escenario de conflictividad social.
Boluarte anunció además una inversión en infraestructura y equipamiento para la PNP, así como el compromiso de garantizar la protección legal de los efectivos policiales frente a procesos judiciales que, según dijo, podrían responder a “injusticias”.
¿Cuál es el contexto detrás de este respaldo presidencial?
Las declaraciones se producen en un escenario marcado por tensiones sociales, protestas y denuncias de presuntos abusos policiales en operativos de control del orden público. Aunque Boluarte no hizo referencia directa a estos hechos, en intervenciones anteriores ha respaldado la polémica norma aprobada por el Congreso que otorga amnistía a miembros de las fuerzas del orden investigados por violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1980 y 2000.
Además, las investigaciones recientes sobre la red criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’ han puesto bajo escrutinio a tres agentes policiales que habrían colaborado directamente con el cabecilla Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’.
Los suboficiales Yojairo Arancibia, Georgi Araujo y Bruno Cevasco han sido identificados como presuntos enlaces entre la organización criminal y sectores de la PNP, lo que ha generado cuestionamientos sobre la integridad institucional.
El anuncio del Ejecutivo se da en un momento clave, donde la Policía Nacional enfrenta tanto demandas de fortalecimiento como cuestionamientos internos. El Gobierno busca, mediante medidas concretas, reforzar la operatividad y el respaldo jurídico de la institución en medio de un entorno complejo que combina retos de seguridad ciudadana y credibilidad institucional.
