La justicia peruana ordenó la liberación de Miguel Ángel Marín Morón, conocido como 'Negro Marín', apenas unos días después de haber sido extraditado desde España para enfrentar cargos en el país. El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla rechazó el pedido de 36 meses de prisión preventiva presentado por la Fiscalía, por lo que el investigado afrontará el proceso bajo comparecencia con restricciones. La decisión generó cuestionamientos del Ministerio Público, que anunció la presentación de una apelación para que un tribunal superior reevalúe la medida.
Fiscalía cuestiona liberación
El fiscal provincial Edwin Velásquez, de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, criticó la resolución judicial y sostuvo que el magistrado no valoró adecuadamente las pruebas reunidas durante la investigación policial y fiscal. Según indicó, existen informes y diversos elementos de convicción que vincularían a Marín Morón con una organización criminal dedicada al sicariato y la extorsión.
Velásquez señaló que la decisión resulta aún más polémica porque el mismo juez que ahora rechazó la prisión preventiva fue quien anteriormente declaró fundada la solicitud de extradición contra el investigado. De acuerdo con el fiscal, en ese momento se reconoció la existencia de indicios relacionados con el delito de organización criminal, mientras que ahora el magistrado considera que no se configura ese delito.
La resolución judicial permitió que alias 'Negro Marín' recupere su libertad bajo reglas de conducta, entre ellas comparecer ante la autoridad cuando sea requerido y cumplir otras restricciones mientras continúa el proceso en su contra.
Investigado por crimen organizado
Miguel Ángel Marín Morón fue extraditado recientemente desde España, donde había sido capturado en noviembre de 2025 tras una orden de captura internacional emitida por la justicia peruana. Las autoridades lo señalan como presunto integrante de la organización criminal 'Los Sanguinarios de la Construcción', grupo vinculado a delitos de extorsión, sicariato y cobro de cupos en obras y servicios de transporte.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, esta organización operaba principalmente en distritos de Lima Norte como Ancón y Puente Piedra, donde presuntamente amenazaba y atacaba a trabajadores y empresas para exigir pagos ilegales. Incluso se les atribuyen diversos actos violentos vinculados a disputas por el control de actividades en el sector de construcción civil.
