El congresista Fernando Rospigliosi se pronunció tras el pedido formal de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para que el partido Fuerza Popular sea declarado ilegal y se cancele su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas. La solicitud fue presentada ante la Corte Suprema y contiene un documento de 364 páginas que acusa al partido liderado por Keiko Fujimori de una presunta conducta antidemocrática.
¿Qué motivó el pedido de cancelación contra Fuerza Popular?
La Fiscalía considera que Fuerza Popular habría incurrido en acciones que atentan contra el orden constitucional, por lo que plantea no solo su retiro del registro electoral, sino también su exclusión de cualquier otro listado oficial de carácter político.
Rospigliosi, en declaraciones a la prensa, calificó la medida como un “nuevo atropello” contra su agrupación y sostuvo que la verdadera razón detrás del pedido es la postura del partido a favor de las fuerzas del orden y su lucha contra el terrorismo y la delincuencia.
¿Qué argumentos presenta Rospigliosi contra la fiscal de la Nación?
El parlamentario acusó a Delia Espinoza de sostener una “política pro delincuencia y pro terrorista”. Según Rospigliosi, desde el Ministerio Público se habría emprendido una persecución contra militares y policías que enfrentaron al terrorismo en los años ochenta, a través de fiscalías especializadas en derechos humanos e interculturalidad.
Como ejemplo, mencionó un caso en Piura, donde 14 policías fueron inicialmente denunciados por el Ministerio Público, pero luego absueltos tras confirmarse que hubo prevaricato en la acusación fiscal. Para el congresista, este tipo de situaciones evidencian una línea de acción institucional que perjudica a quienes combaten el crimen.
Rospigliosi defendió el rol de Fuerza Popular como la bancada que “más ha defendido a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”. Aseguró que esta posición política ha sido el verdadero motivo para el pedido de cancelación del partido.
En ese contexto, solicitó que Delia Espinoza sea apartada del cargo de fiscal de la Nación, al considerar que su permanencia representa un riesgo para la institucionalidad y pone en entredicho la imparcialidad del Ministerio Público.
La solicitud de cancelación del partido Fuerza Popular deberá ser evaluada por la Corte Suprema, que tendrá la responsabilidad de decidir si corresponde iniciar el procedimiento para anular su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas. Mientras tanto, las declaraciones de Rospigliosi abren un nuevo capítulo en la confrontación entre el Congreso y el Ministerio Público.
