El Poder Judicial (PJ) dictó cinco meses de prisión preventiva contra la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez, tras revocar la medida de comparecencia con restricciones que regía desde su excarcelación.
La decisión fue adoptada por el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley Soria, quien además dispuso su captura tanto a nivel nacional como internacional.
Motivos del dictamen
Checkley justificó su resolución señalando incumplimientos por parte de Chávez en las condiciones impuestas: dejó de someterse a controles biométricos semanales y no asistió a varias citaciones judiciales relacionadas con el juicio oral por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Según el magistrado, “el peligro de fuga es palpable y el riesgo de frustración del juicio oral resulta evidente”, lo que hace necesario reforzar las medidas.
En el texto de la resolución, también se señala que Chávez podría haber aprovechado su libertad previa para asilarse en la Embajada de México en Lima, hecho que aumentaría su riesgo de eludir el proceso judicial. Además, Checkley recuerda que la Corte Suprema ya había advertido sobre un “peligro latente de fuga y obstaculización” por parte de la exprimera ministra.
Reacciones y contexto
La Fiscalía, representada por la fiscal suprema Zoraida Ávalos, había solicitado previamente esta medida al argumentar que las restricciones impuestas no habían cumplido su objetivo de garantizar la comparecencia y colaboración de la investigada en el proceso.
Por su parte, el penalista Carlos Caro criticó el momento en que se presentó el pedido: “es un requerimiento absolutamente tardío, ineficaz, casi pírrico”, considerando que Chávez permanece asilada en la embajada y no podría ser detenida en esas condiciones.
Cabe recordar que en septiembre, el Tribunal Constitucional (TC) anuló una prisión preventiva previa contra Chávez por vencimiento de plazo, lo que le permitió recuperar su libertad bajo la modalidad de comparecencia con restricciones. En paralelo, el Congreso intentó inhabilitarla por diez años por su presunta participación en el golpe, pero no alcanzó los votos necesarios.
Mientras tanto, la ex primera ministra permanece en la Embajada de México en Lima, bajo asilo diplomático. La decisión de no otorgarle un salvoconducto para abandonar el país ha generado debates en la esfera internacional y jurídica sobre las obligaciones del Estado peruano y el alcance del asilo.
