La madrugada del miércoles 10 de diciembre, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) irrumpieron en un local clandestino llamado 'Clínica del Corazón', situado en el distrito de San Juan de Lurigancho, y hallaron a cerca de 200 personas en lo que aparentemente funcionaba como un espacio de prostitución clandestina con expendio de bebidas alcohólicas.
Detalles del operativo y hallazgos
El allanamiento se produjo durante un operativo sorpresa realizado en horas de la madrugada. Según la PNP, el establecimiento combinaba servicios de “diversión nocturna” con prostitución clandestina, lo que motivó su intervención.
La operación fue parte de un despliegue más amplio: se ejecutaron once intervenciones simultáneas en distintos distritos del este de Lima, con el objetivo de desarticular focos de inseguridad vinculados a delitos como trata de personas, venta ilegal de alcohol y tenencia de armas.
Durante la intervención se realizó un exhaustivo control de identidad, incluyendo la verificación migratoria en el caso de las personas de nacionalidad extranjera. Asimismo, se llevaron a cabo registros vehiculares y de motocicletas en la zona como medida preventiva ante el posible uso del establecimiento como plataforma para actividades ilícitas más amplias.
Reacción institucional y contexto de seguridad
El operativo contó con la supervisión del Vicente Tiburcio, ministro del Interior y del Jorge Figueroa, ministro de Educación, lo que subraya la preocupación del gobierno por los niveles crecientes de inseguridad en zonas densamente pobladas de Lima.
Para las autoridades, este tipo de intervenciones envía un mensaje claro de que no habrá tolerancia frente a locales clandestinos que funcionan al margen de la ley, especialmente cuando se detectan posibles delitos de explotación sexual, consumo ilegal de alcohol y vínculos con organizaciones delictivas.
Las investigaciones continúan para determinar la situación legal de los intervenidos entre ellos ciudadanos peruanos y extranjeros, y si existía una red organizada detrás de estas actividades, lo que abre la posibilidad de nuevas medidas contra quienes administraban o participaban en el establecimiento.
