El pleno del Congreso de la República rechazó la inhabilitación por 10 años de la exfiscal suprema Delia Espinoza. La decisión pone fin, al menos por ahora, al procedimiento impulsado por grupos parlamentarios que la acusaban de exceder sus funciones al presentar denuncias constitucionales contra 11 congresistas.
Informe de la Subcomisión
La intervención formal contra Espinoza se originó en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que aprobó un informe final recomendando su inhabilitación por 10 años, por presunta infracción constitucional. El documento acusaba a la fiscal suspendida de denunciar a 11 legisladores que, según ella, aprobaron una ley que les permitía percibir simultáneamente remuneración y pensión.
Luego, el caso pasó a la Comisión Permanente, que también respaldó la sanción: con 16 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones aprobaron que Espinoza fuera inhabilitada y levantaron su fuero para que pueda ser denunciada penalmente por presuntos delitos como abuso de autoridad, usurpación de funciones, prevaricato y falsedad genérica.
Este proceso generó fuertes críticas de organizaciones nacionales e internacionales, que advirtieron que medidas de este tipo podrían afectar la independencia de la Fiscalía y debilitar el Estado de derecho.
Votación en el Pleno
Cuando el asunto llegó al pleno del Congreso, la votación no alcanzó los 68 votos necesarios para aprobar la inhabilitación. Se registraron 61 votos a favor, junto con varios en contra y abstenciones, por lo que la sanción fue archivada.
Tras la votación, Espinoza aseguró sentirse tranquila y denunció que el procedimiento tenía motivaciones políticas: “De lo que no hemos cometido no se nos puede atribuir y, por lo tanto, no se nos puede sancionar”. Su defensa agregó que la acusación se basaba en un documento que ella nunca firmó y que la medida buscaba limitar la labor de fiscales independientes frente a los congresistas.
Este desenlace refleja la complejidad de los procesos políticos y judiciales en el país, donde las decisiones sobre inhabilitaciones de altos funcionarios suelen generar debates intensos sobre transparencia, independencia y equilibrio de poderes. Mientras tanto, Delia Espinoza queda sin sanción, pero el caso seguirá siendo un referente sobre los límites y alcances de la fiscalía frente al Congreso.
